La Plataforma por Empresas Responsables (PER), de la que forma parte la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, acoge favorablemente el acuerdo político sobre la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés), logrado hoy, pero considera que se ha perdido una oportunidad clave. Es un hito importante en el establecimiento de requisitos y expectativas para que las empresas respeten los derechos humanos y el medioambiente, sin embargo el acuerdo político actual no es suficiente para acabar con la impunidad empresarial.
La legislación de diligencia debida de la UE es un hito necesario pero no suficiente, para acabar con la impunidad de las empresas.
El jueves por la mañana, los legisladores de la Unión Europea llegaron a un acuerdo político sobre las cuestiones más polémicas para las normas de conducta empresarial, que establecerá la futura Directiva. Según la normativa, las grandes empresas multinacionales tendrán que hacer frente a los riesgos para las personas, las comunidades y el medioambiente, vinculados a sus operaciones y a sus relaciones comerciales. Además, las víctimas podrán exigir responsabilidades a las empresas ante los tribunales de la UE si se ven perjudicadas por sus actividades.
Desde su creación, la PER ha trabajado para que se establezcan normas vinculantes que apliquen los estándares internacionales de derechos humanos para exigir a las empresas que aborden los derechos humanos y los riesgos ambientales a través de sus cadenas de valor. Por ello, la PER acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado hoy sobre la inclusión de medidas muy necesarias para las víctimas de abusos corporativos, y en particular, permitir un mayor acceso a las pruebas y plazos razonables para presentar reclamaciones.
Sin embargo, la presión de Estados Miembro de la UE, de actores económicos y de los lobbies de la industria para diluir esta regulación han logrado que se pierda la oportunidad de introducir un cambio transformador en la forma de operar de las empresas transnacionales. Los servicios financieros han quedado inexplicablemente exentos de realizar procesos de diligencia debida. Las obligaciones climáticas siguen siendo insuficientes y, de manera preocupante, han sido excluidas del alcance de la responsabilidad civil, aunque las empresas, incluidos algunos actores financieros, deberán adoptar y poner en marcha planes de transición climática.
Declaración de Amaya Acero, Coordinadora de la Plataforma por Empresas Responsables:
“Acogemos favorablemente que la Unión Europea haya llegado a un acuerdo político sobre la directiva de diligencia debida empresarial y que haya sido logrado durante la Presidencia Española del Consejo de la UE. Es un punto de inflexión en la rendición de cuentas de las empresas sobre sus impactos en los derechos humanos y el medioambiente y recoge algunos aspectos esenciales para reducir las barreras legales y procesales para garantizar el acceso al remedio por parte de las víctimas. Sin embargo, consideramos que el acuerdo es decepcionante en otros aspectos clave, como que se haya excluido a los servicios financieros, a pesar del papel crucial que juegan en las actividades económicas y como facilitadores esenciales para la transición climática, debilitando el potencial transformador de esta ley”.
¿Qué pasará después de este acuerdo político?
El Parlamento Europeo, representado por la ponente Lara Wolters, el Consejo de la UE, coordinado por la Presidencia española, y la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo político. Sin embargo, el texto final que compondrá la Directiva sigue pendiente.
Serán necesarias reuniones técnicas para perfeccionar el acuerdo político tras el diálogo a tres bandas celebrado la pasada noche, y garantizar que no haya lagunas. A continuación, el Consejo, bajo la próxima presidencia belga, y posteriormente el Parlamento Europeo, votarán para aprobar el texto final, allanando el camino para la aplicación de la directiva a nivel nacional. Se espera que el texto final se vote en torno a marzo de 2024.
