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El 27 de abril se realizará la votación en el Parlamento Europeo del informe presentado por la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez sobre las condiciones de trabajo en el sector del textil. En dicho informe se solicita a la Comisión Europea que legisle para asegurar que las compañías europeas se responsabilizan de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que las empresas subcontratan para la producción de ropa en países asiáticos u otros. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo participó en la elaboración de propuestas de dicho informe.

Más del 70% de las importaciones de textiles de la Unión Europea procede de Asia,  responsable, además, del 58,4 % de las exportaciones de este sector, según la Organización Mundial del Comercio.

El informe presentado por Lola Sánchez reclama a la Comisión una propuesta legislativa para que las empresas europeas tengan la obligación de asegurar que los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas cumplen con los Derechos Humanos. El informe reclama que la legislación se desarrolle en base a las directrices de la OCDE y debe incluir normas relativas a la salud, la seguridad en el trabajo, un salario digno, la libertad sindical y la negociación colectiva, la prevención del acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo y la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil.

El Parlamento Europeo exigirá también a la Comisión que el marco legislativo amplíe la responsabilidad social de las empresas para que la UE y sus socios comerciales “cumplan su obligación de respetar los derechos humanos y los derechos sociales. La finalidad es implicar a las empresas, que se hagan responsables de su cadena de producción. Entiende la Eurocámara que las empresas europeas deben responder además en caso de catástrofe. Una base de datos adecuada, transparencia y la trazabilidad de las actividades económicas de estas compañías es clave en este sentido. También esto pide el informe que se mejore.

El informe reclama que la Unión Europea tenga como base estas premisas en sus políticas comerciales y de inversión ya que, aunque el respeto a los Derechos Humanos depende del gobierno del tercer país, la UE tienen una responsabilidad moral. También exige el Parlamento Europeo que la UE condicione sus políticas de desarrollo al pleno respeto de los derechos humanos y civiles en estos países.