El próximo 28 de abril, Naciones Unidas celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, una fecha que queda muy cercana al aniversario del derrumbe del edificio Rana Plaza, de Bangladés (24 abril 2013) que albergaba varios talleres textiles. Fallecieron 1.134 personas y más de 2.000 resultaron heridas. Constituye la mayor tragedia ocurrida en el sector textil, aunque no ha sido la única, desgraciadamente.
Entre las causas que provocan este tipo de accidentes, están sin duda las cadenas de producción internacionales con numerosas subcontrataciones y, a menudo opacas, en países con salarios muy bajos, legislaciones laborales más laxas y donde la acción de los sindicatos está muy limitada. Su fin es abaratar costes y consolidan, como consecuencia, la pobreza y condiciones laborales inhumanas e inseguras.
Aunque el caso de la industria textil es uno de los más paradigmáticos y conocidos, no es el único.
En las cadenas de suministro de otros productos de alimentación y demás, también se esconden múltiples subcontrataciones lo que, unido a las exigencias de alta productividad, plazos limitados, etc. propician situaciones de explotación, largas jornadas de trabajo y condiciones precarias de seguridad y salud laboral.
El informe sobre trabajo decente publicado por la OIT en 2019 concluye que en el mundo, fallecen anualmente 2,7 millones de personas como consecuencia de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales. Además destaca que el 36,1% de las personas que trabajan en el mundo lo hacen en jornadas de más de 48 horas semanales, lo que aumenta las posibilidades de sufrir enfermedades vinculadas al trabajo.
En otro estudio, también de la OIT y la Organización Mundial de la Salud (OMS) analizaron los 19 factores de riesgo ocupacional más frecuentes y dañinos, entre ellos estaban las jornadas prolongadas, la exposición en el lugar de trabajo a la contaminación del aire, a sustancias que provocan o aceleran enfermedades como el asma, a sustancias cancerígenas, riesgos ergonómicos o el ruido.
El principal factor de riesgo detectado en el informe de OIT y OMS es la exposición a largas jornadas laborales, vinculado en el 2016 a unas 750.000 muertes.
Esta problemática viene propiciada también por el empleo informal que ya antes de la pandemia, representaba el 60,2% del empleo en todo el mundo, según el informe de progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2021. Esto significa que 2.000 millones de personas trabajaban en empleos sin una protección y seguridad social básica. Esta cifra es mucho mayor en determinados sectores, como el de la agricultura, donde el 90,7% del trabajo es empleo informal, o en los países en desarrollo donde esta proporción fue del 88,7% en 2019. Pero además en 2020, la pandemia provocó la pérdida del 8,8% de las horas de trabajo en todo el mundo, lo que equivale a 255 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, de manera que la pandemia ha puesto a los trabajadores y trabajadoras con empleos informales en una situación de riesgo y vulnerabilidad, ya que carecen de protección contra enfermedades o confinamientos.
El Comercio Justo y las condiciones laborales adecuadas
El Comercio Justo, a través de su principio número 7, garantiza condiciones de trabajo seguras que no ponen en peligro la salud o la integridad de sus trabajadores y trabajadoras.
Además, todas las organizaciones productoras deben contar con las condiciones necesarias para prevenir accidentes o enfermedades graves. En el caso de las trabajadoras durante el embarazo y la lactancia, es obligatorio que tengan en cuenta sus necesidades particulares para garantizar su seguridad y salud durante estos procesos.
Por otra parte, las organizaciones de Comercio Justo deben cumplir, como mínimo, con la legislación nacional y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y legislaciones nacionales en materia laboral y ofrecen a sus empleados y empleadas los beneficios sociales requeridos (seguridad social básica, licencia por enfermedad…) Pero además, muchas organizaciones ofrecen otro tipo de beneficios que la legislación del país no se contemplan como seguros de salud o asistencia médica, planes de jubilación, etc.
Por otro lado, las organizaciones de Comercio Justo deben contar con planes de formación y promoción de la salud laboral.
Naciones Unidas señala que para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es urgente aplicar los derechos laborales fundamentales y el cumplimiento de las normas de la OIT, un aspecto fundamental para el movimiento del Comercio Justo, que no solo cumple sino que lo mejora y amplía esta cobertura.
De esta manera, el Comercio Justo contribuye al ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), en concreto a las metas 8.5 “garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres” y 8. 8 “proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores”.
Todo ello lo mostramos en la campaña #MásComercioJustoMásODS Síguenos en redes sociales y difúndelo.
En primera persona
“Con este sistema evitamos el asma y otros problemas de salud”. Bashma Barham, Holy Land Cooperative Society (Palestina)
“Para mejorar el espacio en el que trabajan los artesanos, evitar el polvo de la madera o el nácar y así evitar problemas de salud, como asma y similares, a cada máquina se les ha puesto una especie de aspiradora, con unos tubos que van a una caja grande. Estamos trabajando también en un proyecto similar en un taller de madera”. Entrevista completa aquí.
Participamos en la mesa redonda sobre condiciones laborales en el textil
Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral, el próximo jueves 28 de abril a las 18:00 horas Alberto Abad (presidente de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo) participará en la mesa redonda “El empleo en la industria textil no tiene un salario digno”, que ha sido organizada por Fashion Revolution Euskadi, en el marco de la Fashion Revolution Week. En la conferencia también intervendrá Iratxe Arteagoitia Recalde (coordinadora de la red de Euskadi de la Campaña Ropa Limpia).
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La campaña #MásComercioJustoMásODS cuenta con financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
