Los líderes de la UE han acordado una nueva ley para abordar las prácticas comerciales desleales en las cadenas de suministro agrícola.
Esta nueva ley, conocida como Directiva sobre prácticas comerciales desleales, tiene por objeto abordar situaciones y ayudar a los proveedores de productos agrícolas a obtener un trato más justo de sus relaciones comerciales.
La nueva ley europea garantizará la protección del 100% de los agricultores de la UE y de una amplia mayoría de las empresas agroalimentarias de la UE contra las prácticas contrarias a la buena fe y a la lealtad comercial.
La norma cubrirá los productos agrícolas y alimentarios comercializados en la cadena alimentaria, prohibiendo por primera vez hasta 16 prácticas comerciales desleales impuestas unilateralmente por un socio comercial a otro. Sólo se permitirán otras prácticas si están sujetas a un acuerdo previo claro e inequívoco entre las partes implicadas.
La guía «La Directiva sobre prácticas comerciales desleales: guía de transposición y aplicación» explica, entre otras cuestiones, cómo utilizar la Directiva para poner fin a las prácticas comerciales desleales. Está destinada a las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los ciudadanos de los Estados miembros de la UE que trabajan por una mayor equidad en las cadenas de suministro agrícola.
El sector agrícola y alimentario reúne a empresas de formas y tamaños muy diferentes, desde pequeñas explotaciones familiares hasta grandes empresas multinacionales. Los grandes minoristas y las marcas dominan el mercado, lo que significa que los pequeños proveedores son vulnerables a ser tratados injustamente.
Este trato injusto puede incluir la cancelación de pedidos en el último momento y la falta de pago a tiempo, prácticas que crean ingresos inseguros y pobreza entre los proveedores.
La investigación en esta materia ha demostrado sistemáticamente que el sector alimentario europeo está plagado de este tipo de abusos, y una encuesta realizada en 2011 reveló que el 96% de las empresas alimentarias habían experimentado prácticas comerciales desleales.
Las estimaciones sugieren que esto equivale a un coste global para los proveedores de alimentos de entre 30.000 y 40.000 millones de euros al año. Para poder ahorrarse estas cantidades, las empresas buscan reducir sus costos como sea, que pueden comprometer la seguridad alimentaria, los salarios o las condiciones de empleo ofrecidas a los trabajadores. Esto se traduce en pobreza entre los que trabajan para poner los alimentos en las estanterías, y deja a los consumidores sin la certeza de que los alimentos de su cesta de la compra no sean el resultado de la explotación.
Este es el paso más reciente de un largo proceso que comenzó en 2008 con una declaración del Parlamento Europeo. Durante la década intermedia, Traidcraft Exchange ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil de toda Europa, incluyendo muchas del movimiento de Comercio Justo, para impulsar una ley sobre prácticas comerciales desleales.
«Estamos encantados de que finalmente se haga realidad en 2019, sobre todo teniendo en cuenta la feroz oposición de muchos grupos industriales que están perfectamente satisfechos con el statu quo».
En este blog (en inglés), Tom Wills* presenta la próxima Directiva: qué es, qué hace y a quién cubre. También cómo se puede utilizar la Directiva para apoyar unos rendimientos más justos para los productores de los países en desarrollo. Resumimos aquí las cuestiones más relevantes expuestas por Wills:
La ley sobre prácticas comerciales desleales es una directiva y, una vez que se haya dado el visto bueno formal (previsto para marzo), deberá transponerse a la legislación de cada uno de los 28 Estados miembros en los próximos dos años.
¿Qué es una práctica comercial desleal?
En el pasado, la Comisión Europea ha definido las Prácticas Desleales de Comercio (UTP’s) de la siguiente manera:
Las Prácticas Comerciales Desleales son prácticas que se desvían de la buena conducta comercial y son contrarias a la buena fe y al trato justo. Suelen ser impuestas unilateralmente por un socio comercial a otro.
La cadena de suministro de alimentos es particularmente vulnerable a las prácticas comerciales desleales debido a las grandes diferencias en el poder de negociación.
En esta Directiva la UE ha sido más específica, definiendo 15 prácticas que califican como UTPs y que, por lo tanto, están prohibidas. Las nueve primeras están prohibidas:
- Pagos atrasados (definidos como más de 60 días, o 30 días para productos perecederos)
- Cancelación de pedidos a corto plazo (menos de 30 días)
- Modificar unilateralmente un acuerdo de suministro
- Requerir pagos del proveedor que no estén relacionados con el producto
- Exigir al proveedor que pague por el deterioro o la pérdida de un producto una vez que éste haya pasado a ser propiedad del comprador.
- Negarse a proporcionar un acuerdo de suministro por escrito si se solicita
- Adquirir, utilizar o revelar los secretos comerciales del proveedor
- Ejecutar (o amenazar con ejercer) represalias comerciales cuando un proveedor ejerza los derechos que le confiere la presente Directiva.
- Exigir a un proveedor que pague el coste de las reclamaciones de los clientes
Mientras que las seis prácticas finales también se prohíben a menos que exista un acuerdo de suministro adecuado que especifique lo contrario:
- Devolución de productos no vendidos al proveedor (sin pagar por ellos)
- Cobrar a un proveedor por el almacenamiento, exhibición o listado de sus productos
- Exigir a un proveedor que pague los costes de las promociones
- Exigir a un proveedor que pague por la publicidad
- Exigir a un proveedor que pague por la comercialización
- Exigir a un proveedor que pague por el acondicionamiento de los locales
¿A quiénes cubre esta ley?
Esta ley cubre las prácticas de compra de las empresas que compran productos agroalimentarios:
- Si están en una categoría de tamaño más grande que su proveedor y;
- Si tienen su sede en la UE o;
- Si están fuera de la UE, pero compran a un proveedor de la UE
Esto puede incluir minoristas, marcas, procesadores e incluso organismos públicos como el gobierno local o el NHS.
Los proveedores de productos agroalimentarios pueden acceder a la protección de esta ley:
- Si se encuentran en una categoría de tamaño más pequeño que su comprador, y tienen un volumen de negocios anual de menos de 350 millones de euros y;
- Si tienen su sede en la UE o;
- Si están fuera de la UE, pero venden a un comprador establecido en la UE
Esto podría incluir a los agricultores, procesadores y marcas. Por supuesto, las empresas que se encuentran en la mitad de la cadena de suministro suelen ser tanto compradores como proveedores.
La cuestión de la «categoría de tamaño» ha surgido porque la UE era reacia a introducir una ley que diera a los grandes proveedores -los Nestlés y los Unilevers de este mundo- un peso aún mayor. Así pues, a efectos de la presente Directiva, los proveedores se clasifican en seis franjas de tamaño, tomando el tamaño como un indicador aproximado del poder de mercado. La Directiva es aplicable a cualquier relación entre un proveedor que pertenezca a una categoría inferior a la del comprador.
Antes de pasar del debate sobre el ámbito de aplicación, conviene señalar que la definición de productos agroalimentarios es amplia. El sector agroalimentario abarca todo lo que figura en esta lista, así como los alimentos elaborados a partir de cualquiera de los productos de la lista, como las comidas procesadas.
Esto significa que la ley se aplica al comercio de todo, desde las verduras hasta la miel y la lasaña, así como a cosas que no se nos ocurren como el tabaco, el vino y las flores.
Y… ¿qué supone esto realmente?
La ley exige a los 28 Estados miembros de la UE que designen una «autoridad de aplicación»: un organismo público con poder para investigar los presuntos incidentes de prácticas comerciales desleales y para penalizar a los compradores que sean condenados (mediante sanciones, como multas).
Algunos Estados miembros ya cuentan con algún tipo de legislación destinada a combatir las prácticas comerciales desleales. Pero esta ley significa que por primera vez habrá una norma mínima compartida para las prácticas comerciales justas que se aplican en toda Europa.
Cuando empresas como Tesco, Lidl, Aldi, Carrefour y otras tienen presencia en varios países europeos, tiene sentido tener una ley que se aplique de forma coherente en todo el continente.
Esto proporcionará seguridad reglamentaria a los compradores, confianza a los proveedores en que podrán acceder a la protección independientemente de dónde se encuentre su comprador europeo, e impedirá que los países se comprometan en una «competencia hasta el final» en un intento de atraer a las empresas con una regulación más laxa que permita las compras abusivas.
¿Qué impacto tendrá esto en los agricultores y trabajadores de los países del Sur?
En 2016, la Unión Europea importó 100.000 millones de euros de alimentos, lo que significa que cientos de miles de agricultores y productores de todo el mundo dependen de sus relaciones comerciales con el mercado de la UE.
Esta ley podría suponer una gran diferencia para estas personas, y hemos trabajado en estrecha colaboración con los diputados al Parlamento Europeo para garantizar que esta Directiva abarque a los proveedores no comunitarios del mercado de la UE.
Los agricultores de los países del Sur son a menudo particularmente vulnerables a las prácticas desleales. Es menos probable que tengan vínculos con mercados alternativos y pueden tener menos acceso a apoyo jurídico, a un sindicato que funcione o a la información necesaria para impugnar las prácticas desleales de un gran cliente europeo.
Saber que una orden no será cancelada proporciona a los productores ingresos predecibles y significa que es más probable que inviertan en sus negocios o en otros gastos como mejorar la vivienda o pagar por la educación de sus hijos.
Reflexiones finales
Tratar de lograr una mayor paridad entre las partes poderosas y las débiles de una cadena de suministro después de generaciones de inequidad va a ser un proceso largo y lento. Esta Directiva es un gran paso en la dirección correcta. Las organizaciones de la UE que estén interesadas en garantizar que la ley sea lo más eficaz posible deberían colaborar con el gobierno de su país, velando por que la ley se transponga correctamente y se aplique correctamente. Dentro de cuatro años se realizará una revisión de la Directiva, que también servirá como una oportunidad para impulsar mejoras.
*Tom Wills es asesor de políticas en Traidcraft Exchange. @thomasrhwills
Documentación de interés:
