La Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha remitido en esta semana una propuesta dirigida a diputados y diputadas para incorporar el Comercio Justo en el proyecto de Ley Integral de Economía Social. La proposición, que está incluida en el documento de enmiendas globales realizado por CEPES, también ha sido enviada a representantes de diferentes ministerios relacionados con el tema.
En concreto, la CECJ plantea que la futura Ley incorpore una disposición adicional que defina y fomente el Comercio Justo como parte de la Economía Social. Esta medida “contribuirá al reconocimiento del Comercio Justo y proporcionará seguridad jurídica a muchos niveles, como por ejemplo, en la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”, explica Laura Rubio, directora de la CECJ.
El movimiento del Comercio Justo, que se basa en un modelo comercial centrado en el desarrollo social y humano y en la sostenibilidad ecológica, forma parte de la Economía Social. No solo comparten una finalidad común sino también sus principios y valores.
Siguiendo los pasos de la UE. El caso francés
La iniciativa de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo se enmarca en el reconocimiento que la UE ha aplicado al Comercio Justo a través de distintas resoluciones y comunicaciones, como en la Resolución sobre el Comercio Justo y Desarrollo de 16 de junio de 2006 (2005/2245(INI).
Además, la propuesta sigue el modelo desarrollado en Francia, cuya Ley de Economía Social aprobada en 2014 incorporó el Comercio Justo y sus principios aplicables. Desde su entrada en vigor, en el país vecino el mercado de productos de Comercio Justo se ha multiplicado por cuatro, alcanzando los 2.100 millones de euros en 2022, y ha contribuido al impulso del Comercio Justo Local.
Además, “ha supuesto una mayor conciencia pública sobre esta práctica y ha generado un marco de apoyo institucional y financiero para las empresas comprometidas con esta alternativa comercial”, explica L. Rubio, directora de CECJ. “Por otro lado, ha ayudado a alinear las prácticas comerciales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
En España, la facturación del Comercio Justo en 2023, superó los 156 millones de euros. Desde el año 2000 (el primero del que existen datos) el aumento del sector ha sido constante, pero nuestro país está lejos de las cifras registradas en otros países europeos.
En definitiva, la incorporación del Comercio Justo en el proyecto de Ley Integral de Economía Social favorecería su reconocimiento legal, hasta ahora inexistente en nuestro país. Además, supondría un importante respaldo a las organizaciones, empresas y consumidores/as que participan en este movimiento desde hace casi 40 años en España.
