La Comisión Europea presentó el pasado 23 de febrero la propuesta de directiva que regulará el respeto a los derechos humanos y medioambientales por parte de las empresas en sus actividades dentro y fuera de las fronteras de la UE. Es la llamada directiva sobre Debida Diligencia Corporativa Sostenible.
Ante este texto, las organizaciones de Comercio Justo a nivel internacional como Fair Trade Advocacy Oficce y también la Plataforma por Empresas Responsables (PER), de la que la CECJ somos miembros, han hecho su análisis y valoración.
En líneas generales, las organizaciones destacan que la propuesta significa un punto de inflexión en la lucha para terminar con la impunidad corporativa, pero señalan importantes carencias que pueden limitar su alcance.
Por un lado, el movimiento de Comercio Justo ha celebrado que el texto reconozca la importancia de abordar los retos existentes en las fases iniciales, lo cual es fundamental dado que los riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente son mayores al principio de la cadena.
Un aspecto que ha sido señalado como positivo por el movimiento de Comercio Justo es que la directiva se refiere de manera explícita a las decisiones de compra y la fijación de precios, como una de las principales razones de la violación de los derechos humanos. En este sentido Sergi Corbalán, director ejecutivo de FTAO, ha declarado: «las prácticas de compra abusivas y los bajos precios que no permiten a los agricultores/as y trabajadores/as contar con salarios e ingresos dignos son algunas de las causas fundamentales de muchas violaciones de los derechos humanos«. Corbalán ha valorado que la propuesta reconozca la prohibición de impedir un salario digno.
El texto destaca los retos específicos a los que se enfrentan las pequeñas organizaciones agrícolas. En este sentido, Konstantina Geroulakou ha comentado: «Las pequeñas organizaciones agrícolas y sus trabajadores/as son los colectivos que se encuentran en la situación más vulnerable en las cadenas de suministro globales«. Asimismo, ha destacado la importancia de evitar que las empresas de la UE abandonen a sus proveedores en las regiones de alto riesgo (la llamada conducta de «cortar y correr») y ha añadido que «la Unión Europea tiene que asegurarse de que las empresas adopten una estrategia ascendente y sitúen a los titulares de derechos en el centro del proceso de diligencia debida«.
La propuesta legislativa de la Comisión establece que las empresas podrían responsabilizarse de los daños cometidos por sus subsidiarias, subcontratistas y/o proveedores dentro o fuera de sus fronteras. Asimismo, las víctimas de estas vulneraciones de derechos podrían presentar denuncias ante juzgados de la Unión Europea. Este hecho constituye un paso importante que instaura el derecho al remedio para las víctimas de malas prácticas corporativas.
Sin embargo, hay una laguna peligrosa que pone en riesgo la eficacia de la ley a la hora de evitar daños más allá del primer eslabón de la cadena de suministro y que podría impedir que las víctimas puedan hacer responsables a las empresas. El borrador abre la posibilidad a que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones añadiendo ciertas cláusulas en sus contratos con suministradores, transfiriendo el proceso de verificación a terceras partes. Las organizaciones de Comercio Justo y de la PER entendemos que las empresas no deberían poder trasladar sus responsabilidades a sus suministradores, o eludir las consecuencias del daño participando en planes sectoriales de naturaleza voluntaria. En este sentido, entendemos que los Sistemas Voluntarios de Sostenibilidad existentes pueden desempeñar un papel importante en la aplicación de la directiva y ayudar a abordar las causas fundamentales, no deben sustituir la obligación de diligencia debida y la responsabilidad de que sus cadenas de suministro están libres de infracciones.
Así, las organizaciones sociales reclaman un régimen más fuerte e inclusivo, especialmente cuando las violaciones se producen sin relación contractual directa con el comprador, pero en circunstancias que podrían haberse evitado o mitigado si se hubiera realizado una diligencia debida exhaustiva.
Una directiva que solo se aplicaría al 0’2% de la empresas
El borrador de directiva propone que las empresas de la Unión Europea que cuentan con más de 500 empleados/as y una facturación de 150 millones de euros, estén obligadas a establecer medidas específicas para evitar los abusos de derechos humanos y medioambientales a lo largo de sus cadenas de suministro, por medio de la llamada “debida diligencia”. En sectores con un mayor riesgo, como el agrícola y el textil, la propuesta de directiva señala que la norma se aplique a empresas con más de 250 empleados/as y una facturación de 40 millones de euros. Las PYME quedarían exentas, junto con las empresas de países no pertenecientes a la UE que operan en el mercado único y que sobrepasen estos umbrales.
Esta limitación implica que la propuesta legislativa solo afectaría al 0,2% de las empresas de la Unión Europea. Incluso en los sectores de alto riesgo reconocidos por la Directiva, la mayoría de las empresas que plantean riesgos reales y potenciales para los derechos humanos y el medio ambiente no estarían cubiertas.
Medidas para limitar el cambio climático
La propuesta legislativa prevé que las empresas adopten un plan de acción para garantizar que su modelo y estrategia de negocio sean compatibles con la transición a una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C establecido en los Acuerdos de París.
Sin embargo, la propuesta no prevé consecuencias específicas por los incumplimientos de esta obligación.
Lagunas en la reparación de las víctimas
Otra de las principales lagunas del texto es la referida a la eliminación de las barreras legales que impiden a las víctimas llevar ante la justicia los casos de abusos empresariales que se producen fuera del suelo europeo, debido entre otras razones a los elevados costes, la brevedad del plazo de prescripción, el acceso limitado a las pruebas, la limitada capacidad legal y una carga de la prueba desproporcionada.
En relación a este aspecto, la directora de ECCJ Claudia Saller afirmó: “El borrador de la Comisión promete un nuevo camino a la justicia y la compensación para los trabajadores, trabajadoras y comunidades explotadas, traumatizadas y heridas. Pero ignora los impedimentos legales importantes que hacen que los juicios resulten costosos, largos y complicados. Por eso la futura ley debe tener un enfoque basado en las víctimas. Si la ley no facilita que las víctimas puedan responsabilizar a las empresas, entonces probablemente no traerá grandes cambios. Y esta falta de responsabilidad perpetuará algunos de los problemas más acuciantes en el mundo de hoy, como el trabajo infantil, la contaminación y la destrucción de la naturaleza”.