La CECJ, como entidad de Comercio Justo y miembros de la Plataforma por Empresas Responsables, apoyamos el escrito de llamamiento a la Comisión Europea firmado por varias organizaciones y movimientos sociales y ecologistas europeos, ante nuestra preocupación por las posibles consecuencias en las personas y el planeta, de la llamada ley omnibus.
Esta propuesta, presentada el 8 de noviembre por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluye su intención de enmendar tres pilares clave del Pacto Verde Europeo: la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés), la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) y el Reglamento de Taxonomía.
Reproducimos el texto elaborado por las organizaciones sociales y remitido a la Comisión Europea:
Original, en inglés, con firmantes del texto.
Como miembros de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y el medio ambiente, sindicatos y activistas climáticos, hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que proteja activamente estas leyes de responsabilidad corporativa de la UE, reafirme el calendario oficial para su transposición e implementación, y sea completamente transparente sobre el proceso relacionado con la ley ómnibus.
La Unión Europea debe demostrar liderazgo en la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y el clima, y prevenir más retrocesos en la responsabilidad corporativa. La creciente oposición al marco de sostenibilidad de la UE ocurre en un momento en que la rendición de cuentas de las empresas es crucial. Mientras algunas de las mayores empresas del mundo distribuyeron dividendos récord en 2023, sus inversiones están muy por debajo de lo necesario para avanzar hacia modelos empresariales sostenibles y resilientes. En todo el mundo, las empresas europeas, a través de sus complejas cadenas de suministro, siguen teniendo un impacto negativo en una amplia gama de derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos los derechos laborales, la protección contra el trabajo forzado y el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y seguro.
A pesar de los claros llamamientos del Comisario de Clima, Wopke Hoekstra, y de la Vicepresidenta Ejecutiva Teresa Ribera para proteger el legado del Pacto Verde Europeo –y el compromiso del Comisario de Justicia, Dermot McGrath, de “garantizar una implementación oportuna y efectiva” de la CSDDD durante su audiencia de confirmación como comisario–, la presidenta Ursula von der Leyen corre el riesgo de socavar protecciones clave al reabrir los expedientes con la ley ómnibus. Esto está generando una enorme incertidumbre para los países que ya han iniciado su proceso de transposición y recompensará a las empresas que no se han preparado para cumplir con estas legislaciones.
Una carrera hacia el mínimo estándar en las cadenas de valor aumentará la presión sobre la manufactura europea, además de provocar mayor explotación de las personas y causar daños ambientales en diversos países. Las empresas deben rendir cuentas por su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus operaciones y cadenas de suministro.
Varios países fuera de la UE ya han introducido o están en proceso de introducir leyes de diligencia debida obligatoria en derechos humanos, o cuentan con legislación más específica relacionada con la esclavitud moderna o el trabajo infantil. Estos países incluyen: Reino Unido, Suiza, Noruega, Australia, Corea del Sur, México, Brasil, Japón y Canadá.
La Unión Europea se funda en los valores de democracia, igualdad, estado de derecho y respeto por los derechos humanos. Estos principios están consagrados en el Tratado de la UE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La UE no debería deshacer los avances logrados con el Pacto Verde Europeo, sino fomentar una carrera hacia el liderazgo y proteger los derechos humanos, el medio ambiente y el clima; todo ello mientras ofrece a las partes interesadas igualdad de condiciones mediante expectativas claras, certeza jurídica y directrices oportunas y completas sobre la implementación.
No olvidemos la evaluación realizada por la anterior Comisión bajo la presidencia de Ursula von der Leyen: la competitividad de la UE radica en su capacidad para proporcionar un entorno regulatorio estable bajo el Pacto Verde Europeo, centrado en la sostenibilidad y la transición verde, demandas cada vez más exigidas por los consumidores globales.
Por lo tanto, instamos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a:
- Mantener la legislación de responsabilidad corporativa de la UE, incluidas la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD), la Directiva sobre Información corporativa en materia de Sostenibilidad (CSRD) y el Reglamento de Taxonomía.
- Cumplir con el calendario actual para la transposición e implementación de estas leyes esenciales y proporcionar directrices claras y oportunas para su cumplimiento.
- Como una cuestión urgente, aclarar las intenciones de la Comisión y ser completamente transparente sobre el fundamento, alcance, calendario, proceso legislativo, evaluación de impacto y período de consulta relacionados con la propuesta ómnibus.
**Traducción al español de la declaración conjunta en inglés
