Parece que se van dando pasos hacia la llamada Ley de Debida Diligencia en nuestro país, que muchas organizaciones venimos reclamando desde hace tiempo.
El pasado 14 de febrero, el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 publicó una consulta pública como paso previo a la redacción de un anteproyecto de Ley que garantice la protección de los derechos humanos y ambientales en las actividades de las empresas multinacionales.
Esta consulta pública está abierta a la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales, quienes pueden enviar sus aportaciones y documentación en relación al anteproyecto de dicha Ley. El plazo para participar finaliza el 3 de marzo.
Derrumbe del edificio Rana Plaza (Bangladés) ocurrido en abril de 2013, que albergaba varios talleres textiles que fabricaban ropa para empresas multinacionales.
Ante ello, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha remitido un texto con propuestas que recogen tanto las reivindicaciones de la Plataforma por Empresas Responsables, entidad de la que formamos parte, y también del movimiento de Comercio Justo internacional.
Las propuestas y reivindicaciones del movimiento del Comercio Justo
Entre los aspectos que la CECJ hemos incluido en nuestras propuestas, destacan:
Nuestro planteamiento de partida es que las cadenas de suministro mundiales se caracterizan por la desigualdad de poder entre sus distintos eslabones, lo que genera un reparto del valor desigual e injusto.
La CECJ pensamos que la futura Ley debe “garantizar un impacto positivo a lo largo de las cadenas de suministro para las pequeñas organizaciones agrícolas y artesanas del Sur Global y para sus trabajadores y trabajadoras”.
Además, creemos que la debida diligencia de las empresas es un paso ineludible que el mercado está exigiendo, y, por tanto, que es necesario regular para garantizar criterios de cumplimiento y de valoración.
Sobre los objetivos de la futura norma, consideramos que de manera específica la ley debe:
– Obligar a las empresas a desarrollar los planes de debida diligencia, así como sancionar el incumplimiento de esta obligación. Esta obligación debe abarcar a empresas todos los tamaños y de todos los sectores, y debe incluir orientaciones complementarias para sectores específicos de alto riesgo para los derechos humanos.
– Asegurar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas que han sufrido la vulneración de los derechos humanos y medioambientales.
– Nombrar una autoridad competente, con medios adecuados, que vele por su aplicación.
Entre los aspectos concretos, planteamos la pertinencia de que la Ley aborde las prácticas comerciales, ya que en las cadenas de suministro mundiales son habituales malas prácticas como plazos de entrega insuficientes, cambios de última hora en los pedidos, precios por debajo de los costes de producción sostenible y reclamaciones de calidad fraudulentas, lo que contribuye a la violación de los derechos humanos.
Pensamos que es necesario que la Ley se refiera a los salarios e ingresos dignos como derechos humanos y como condiciones previas para otros derechos humanos y para la protección del medio ambiente.
Sin ingresos y salarios dignos, las cadenas de suministro nunca podrán ser verdaderamente sostenibles.
Asimismo, pensamos que es necesario que esta Ley incorpore la perspectiva de género, ya que, en muchas ocasiones, las mujeres sufren los efectos adversos de las actividades empresariales de manera diferente y desproporcionada.
Francia, Alemania y Noruega ya tienen leyes de debida diligencia
Países como Francia, Alemania y Noruega ya cuentan con leyes de debida diligencia que regulan la actividad de las empresas a lo largo de toda la cadena de producción en cualquier lugar del mundo. Otros como Holanda, Austria, Bélgica o Luxemburgo están desarrollando procesos políticos en este sentido.
Además, la Comisión Europea tiene previsto aprobar próximamente una directiva europea sobre la materia. Este texto ha venido retrasándose en varias ocasiones.
Un vídeo para entender los abusos de las empresas y la ley de debida diligencia
En este vídeo, elaborado por la European Coalition for Corporate Justice y adaptado a castellano por la Plataforma por Empresas Responsables), se explica de manera muy clara y breve la necesidad de acabar con los abusos de derechos humanos y ambientales de las empresas, y la importancia de leyes para evitarlos:
¿Quieres participar?
Si como organización o como persona particular quieres participar en este proceso, puedes hacerlo remitiendo este documento con nuestras propuestas (o modificándolo) o las de la Plataforma por Empresas Responsables al correo gabinete2030@mdsocialesa2030.gob.es siguiendo las indicaciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, antes del 3 de marzo de 2022.
