La Coordinadora Estatal de Comercio Justo, como integrante de la Plataforma por Empresas Responsables, hemos firmado la declaración conjunta en la que instamos al Consejo de la UE y el Parlamento Europeo a no recortar las ambiciones climáticas y medioambientales ni los compromisos con los derechos humanos, protegiendo las leyes esenciales sobre sostenibilidad.
Fuente de la información: Plataforma por Empresas Responsables
La publicación por parte de la Comisión Europea de su propuesta Ómnibus para revisar leyes clave de sostenibilidad empresarial envía una señal política clara: la presidenta Ursula von der Leyen desfavorece los derechos humanos, los derechos laborales y la protección ambiental en favor de una peligrosa desregulación. El Consejo y el Parlamento deben demostrar liderazgo urgentemente bloqueando esta dañina propuesta, ya que pone en peligro los propios objetivos de estas leyes y socava no sólo el compromiso de la UE con sus ambiciones ecológicas y la protección de los derechos humanos, sino también su credibilidad como legislador fiable.
La propuesta Ómnibus afecta a leyes clave aprobadas bajo el Pacto Verde Europeo, incluida la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD), la Directiva de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD) y el Reglamento de Taxonomía.
Estas leyes exigen prácticas empresariales responsables, introducen mecanismos de rendición de cuentas para las empresas que abusan de los derechos humanos y dañan el medio ambiente, y garantizan el acceso a la justicia para las víctimas. También buscan mejorar la transparencia en los informes de sostenibilidad y orientar la inversión sostenible.
Todo ello es esencial para que la UE cumpla su objetivo de ser el primer continente climáticamente neutro para 2050.
Cuando la presidenta Ursula von der Leyen anunció a finales del año pasado la propuesta Ómnibus para simplificar los requisitos de informes y sostenibilidad de las empresas, se comprometió a mantener íntegramente el espíritu y el «contenido de la ley», afirmando que el objetivo era reducir las obligaciones superpuestas. Sin embargo, la propuesta publicada el 26 de febrero representa un claro alejamiento de esta promesa y, si se implementa, eliminará el propósito central de estas leyes.
Impactos de la propuesta Ómnibus en la CSDDD
La propuesta Ómnibus eliminará muchas de las disposiciones clave de la CSDDD, dejándola prácticamente sin efecto. También retrasará un año la transposición de la Directiva por parte de los Estados miembros de la UE. Si se aplica, en la práctica podría dar lugar a:
- La responsabilidad civil quedará en gran medida a discreción de los Estados miembros de la UE, lo que podría reducir drásticamente el acceso a la justicia ante los tribunales de la UE. Se elimina la legitimación activa, lo que significa que las ONGs, los sindicatos y las instituciones de derechos humanos podrían verse imposibilitadas para representar a las víctimas ante los tribunales. Por último, la eliminación de la disposición de aplicación imperativa obligaría a los tribunales de la UE a aplicar las leyes del país donde se produjo el daño en lugar de la legislación nacional, lo que socavaría la eficacia de la disposición sobre responsabilidad civil.
- Las empresas solo estarán obligadas a evaluar los daños atribuibles a sus socios comerciales directos, reduciendo drásticamente la cadena de valor.Se establece que, si la empresa tiene «información plausible» de impactos por parte de socios indirectos, deberá abordarlos, aunque tal concepto depende en gran medida de la interpretación.
- Ya no existe la obligación de «poner […] en práctica» los planes de transición climática, lo que introduciría una peligrosa laguna jurídica, que permitiría a las empresas cumplir la disposición, en teoría, simplemente elaborando un plan sobre el papel, en lugar de ponerlo en práctica.
- Los Estados miembros ya no podrán establecer normas más ambiciosas en la identificación, prevención y mitigación de impactos en derechos humanos y medioambiente y al establecimiento de un mecanismo de reclamación y notificación.
- Las empresas ya no tendrán que rescindir los contratos (ni siquiera en los casos en que sea posible o probable que continúen los abusos).
- La participación de las partes interesadas se reducirá a las «directamente» afectadas, lo que significa que las agrupaciones de consumidores, las instituciones nacionales de derechos humanos, las ONGs y defensores de derechos humanos quedan excluidas de dicha definición. Asimismo, la consulta a las partes interesadas «pertinentes» ya no es necesaria para la desvinculación de las operaciones empresariales o la supervisión.
- La frecuencia del control de la eficacia de las medidas de diligencia debida se reduce de cada año a cada 5 años, o siempre que «las medidas hayan dejado de ser adecuadas o eficaces». Esta disposición corre el riesgo de hacer que el ejercicio de diligencia debida sea en gran medida ineficaz.
- Supresión del mínimo de sanciones del 5% del volumen de negocios, que puede dar lugar a sanciones más bajas y simbólicas y desencadenar una competencia a la baja entre los Estados miembros.
- La Comisión ya no está obligada a examinar la necesidad de aplicar las normas de diligencia debida a los servicios financieros y las actividades de inversión en una futura revisión de la ley.
Cambios en la CSRD
La propuesta Ómnibus también introduce cambios sustanciales en la CSRD, que ya ha sido transpuesta por la mayoría de los Estados miembros. Entre las modificaciones propuestas:
- Se pospone por dos años la aplicación de la CSRD para ciertas empresas (segunda y tercera oleada), generando incertidumbre para aquellas que ya han comenzado a prepararse para su implementación.
- Se reduce drásticamente el ámbito de aplicación, excluyendo aproximadamente al 80% de las empresas de las obligaciones de información sobre sostenibilidad sin proporcionar un estándar proporcional. Esto disminuirá significativamente la disponibilidad y fiabilidad de los datos de sostenibilidad.
- Se proponen restricciones a las solicitudes de datos de grandes empresas hacia sus proveedores medianos y grandes.
Un retroceso peligroso
La sostenibilidad y la responsabilidad corporativa son esenciales para que los países europeos avancen hacia una economía que funcione para las personas y el planeta, así como para atraer inversiones sostenibles a largo plazo. Estas leyes pueden hacer más resilientes las cadenas de suministro, proporcionar claridad legal y estabilidad para todas las partes interesadas. Es visión cortoplacista quitarle el motor al vehículo que puede ayudar a las empresas a cumplir con sus actuales responsabilidades en materia de derechos humanos.
Durante la última década, la UE ha introducido diversas obligaciones de información. En caso de que fuera necesaria una mayor cohesión, planificación y orientación sobre la forma de aplicar estas obligaciones, esto debería lograrse mediante un mapeo de las obligaciones existentes y futuras, la publicación de directrices interpretativas e instrumentos de implementación, y la evaluación de la eficacia de estas leyes según lo previsto en las cláusulas de revisión existentes. Cambiar el texto de estas leyes no es la solución, ya que solo generará más confusión, incertidumbre y costes.
Un llamado a la acción
Instamos al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo a que, con carácter de urgencia, revisen la propuesta Ómnibus en las próximas negociaciones legislativas para garantizar que se rechacen todas las enmiendas que pretenden debilitar la CSDDD. Cualquier discusión sobre esta directiva debe limitarse estrictamente a medidas interpretativas, como directrices y actos delegados, sin modificar el texto de la ley. En cuanto a la CSRD, el Parlamento y el Consejo deben reducir los umbrales de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación y proporcionar un estándar proporcional para las medianas empresas. También se deben retrabajar las restricciones a las solicitudes de datos.
El mundo observa a Europa en busca de orientación y estabilidad. La UE tiene la oportunidad de mantenerse firme en sus ambiciones climáticas y medioambientales así como con sus compromisos con los derechos humanos protegiendo estas leyes esenciales de sostenibilidad y reconociendo que fomentar prácticas empresariales sostenibles dará lugar a un entorno más estable y a una ventaja para la UE ahora y a largo plazo.
Contexto
La propuesta Ómnibus se presentó tras un proceso apresurado y opaco. A principios de mes, la Comisión organizó una mesa redonda a puerta cerrada con un grupo reducido y seleccionado de partes interesadas, donde los representantes empresariales superaban en número a los sindicatos y ONG presentes. Además, la consulta interservicios duró apenas 24 horas durante un fin de semana, lo que contradice las propias Directrices sobre “Legislar Mejor” de la Comisión.
La propuesta Ómnibus ha sido objeto de fuertes críticas de múltiples sectores. El mes pasado, 170 organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y ambientales, sindicatos y activistas climáticos denunciaron conjuntamente la propuesta. Además, numerosas voces prominentes de diversos sectores han expresado su oposición, desde organizaciones de la sociedad civil en Europa y el Sur Global hasta sindicatos, grandes empresas, asociaciones empresariales, inversores responsables, economistas e investigadores, juristas y profesionales de la sostenibilidad y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.