Nos movemos en tiempos convulsos en la Unión Europea y, en general, en los países del Norte. Tiempos de graves crisis económicas, altas tasas de desempleo, incremento de pobreza, eliminación de derechos básicos, problemas de malnutrición infantil… Si bien el contexto de un europeo es distinto del entorno de una mujer o un hombre de un país en desarrollo y la situación que afronta un agricultor de la vieja Europa parece situarse a años luz de las dificultades de un productor de África, Asia o América Latina, la pequeña y mediana agricultura comparten en el fondo los mismos problemas tanto en el Sur como en el Norte y, por tanto, deben ser afrontados en su conjunto.
Las políticas actuales, desde el punto de vista financiero, económico, comercial y empresarial, tienen gran influencia para todos los habitantes del medio rural. Las multinacionales agroalimentarias, junto con las financieras, biotecnológicas y grandes grupos de fondos de inversión, condicionan unos mercados cada vez más globalizados y, en particular, las políticas agrarias, arrastrándolas a la cada vez más radical desregulación, que facilita sus negocios especulativos. A pesar de la crisis generalizada, e incluso como consecuencia de la misma, el poder de dichas multinacionales es creciente y cada vez más monopolizado.
Un modelo alimentario mercantilizado con fines especulativos, origina graves perjuicios al conjunto de la sociedad global.
La Organización Mundial del Comercio (OMC), los acuerdos bilaterales o regionales de liberalización comercial, como el que se negocia actualmente entre la UE y EEUU, tienen como objetivo construir paso a paso un mercado “libre” y especulativo a nivel mundial, también en la agricultura y la alimentación, para llevar las producciones sin oposición alguna de un lugar a otro del mundo y localizarlas en el lugar que ofrezca el menor costo. Este principio entra en el reparto del trabajo a nivel internacional: cada zona del mundo (o la que pueda) se especializa en aquel sector que le permita producir a un menor coste respecto al resto sin importar los impactos sociales o medioambientales y vulnerando derechos humanos básicos, como el de la alimentación.
Las políticas neoliberales decididas en la OMC y los Tratados de Libre Comercio destruyen la agricultura social y sostenible e imponen una agricultura industrial e intensiva, dirigida al agronegocio, especializada en sectores y dedicada a la exportación. (…)
Como consecuencia de este modelo neoliberal se generan graves problemas mundiales que se agudizan por momentos. Las inversiones agrícolas de naturaleza financiera y especulativa que hacen las grandes empresas multinacionales o las grandes fortunas del planeta están expulsando a muchas personas campesinas de sus tierras y aldeas, quitándoles su principal recurso para alimentarse, que es la agricultura campesina que realizan.
De ahí viene una situación grave y muy cruda que no se quiere abordar: 1.000 millones de personas pasan hambre y dos tercios de ellas son personas campesinas.
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Cada día se hace más palpable la paradoja de una liberalización comercial que supuestamente debería beneficiar a las sociedades en su conjunto, generar riqueza y favorecer el desarrollo –o al menos eso argumentan quienes la promueven–, pero que en la práctica solo beneficia a aquellos que manejan el comercio y destruyen los recursos naturales.
Este artículo, escrito por Andoni García Arriola, de la Comisión Ejecutiva de la coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) fue publicado en el informe «El Comercio Justo en España 2013. Diagnósticos y alternativas en clave europea», editado por la CECJ con financiación de la AECID.
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