La Coordinadora Estatal de Comercio Justo nos sumamos al comunicado emitido por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y suscribimos la carta abierta de petición al Gobierno y a todas las fuerzas políticas de nuestro país, para solicitar el alto al fuego inmediato por todas las partes y el respeto al derecho internacional.
Las demandas se enmarcan, además, en la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
Las organizaciones de Comercio Justo como defensoras de los Derechos Humanos y promotoras del ejercicio de los mismos, mostramos nuestra preocupación ante la guerra entre Israel y Hamás, y ante los gravísimos ataques que está sufriendo la población civil.
Los Derechos Humanos y el derecho internacional deben ser respetados.
En la carta abierta, las organizaciones de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, junto con Futuro en Común, Amnistía Internacional y la Asociación Español de Investigación para la Paz, instamos a las fuerzas políticas españolas, y especialmente al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el marco de la presidencia de la Unión Europea a:
● Demandar un alto el fuego inmediato por todas las partes en la Franja de Gaza ocupada e Israel para evitar más pérdidas de vidas civiles y garantizar el acceso a la ayuda vital para la población de Gaza en medio de una catástrofe humanitaria sin precedentes.
● Presionar al Estado de Israel para que levante su bloqueo ilegal de la Franja de Gaza, garantizando que todas las personas residentes tengan acceso a alimentos, agua, combustible y suministros médicos, así como ayuda humanitaria y electricidad: es vital que desde España se deje claro a los líderes israelíes que el castigo colectivo es un crimen de guerra.
● Acelerar los esfuerzos, en colaboración con socios regionales y globales, para garantizar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza y permitir que quienes la necesitan accedan a asistencia médica, incluso fuera de la Franja de Gaza.
● Pedir a Israel que rescinda inmediatamente la orden de que todas las personas civiles en el norte de Gaza, incluido el personal médico y los pacientes en hospitales, se trasladen a la parte sur de la Franja. Esta orden de evacuación podría ser calificada como crimen de guerra.
● Recordar a todas las partes que deben respetar las normas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, incluida la prohibición de ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil, ataques indiscriminados y desproporcionados, castigos colectivos, utilización de la violencia sexual, uso de armas que no discriminan entre objetivos militares y población civil, toma de rehenes y secuestro de civiles, que constituyen crímenes según el derecho internacional.
● Demandar la liberación inmediata de las personas civiles secuestradas. Todas las personas deben recibir un trato humano y asistencia médica.
● Pedir enérgicamente a todas las partes en el conflicto que se abstengan de realizar operaciones militares que sean perjudiciales para el acceso seguro de la población civil a la asistencia humanitaria y la atención médica.
● Apoyar inequívoca e incondicionalmente el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Palestina. En 2021, la CPI abrió formalmente una investigación sobre la situación en Palestina, en relación con crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte, cometidos desde junio de 2014. La Oficina del Fiscal de la CPI ha confirmado que este mandato incluye crímenes de derecho internacional cometidos por todas las partes en los combates actuales.
● Promover, en el seno de la ONU, un embargo de armas integral a todas las partes en el conflicto, dado que se están cometiendo violaciones graves que constituyen crímenes de derecho internacional. También, de acuerdo con las normas internacionales, europeas y españolas sobre la materia, España debe suspender el suministro, la exportación y autorización de todas las armas, municiones y otros equipos militares y de seguridad a Israel, incluidas tecnologías, piezas y componentes conexos, asistencia técnica, capacitación, asistencia financiera o de otro tipo. También deben exigir a los Estados que suministran armas a los grupos armados palestinos que se abstengan de hacerlo.
● Promover y garantizar la libertad de expresión y de reunión de quienes defienden los derechos de las personas, así como de quienes defienden los procesos de diálogo y construcción de paz en torno al conflicto. Lo anterior implica abstenerse de introducir restricciones graves y desproporcionadas a la libertad de expresión y de reunión e instar a los Estados de la UE que las han introducido a levantarlas.
● Asegurar una financiación estable y flexible de los Territorios Palestinos Ocupados, aumentando la destinada a la respuesta humanitaria en este momento y manteniendo a medio y largo plazo, además de la ayuda humanitaria, la que promueve el desarrollo a largo plazo. Esta financiación debe acometer tanto a nivel estatal como europeo, destinarse a los diferentes actores humanitarios y de desarrollo implicados, y hacerse desde una mirada de triple nexo, de manera que permita, tanto acciones coordinadas para responder a la crisis humanitaria, como sentar las bases para la construcción de una paz duradera y un desarrollo sostenible para la población palestina.
● Promover por todas las vías posibles la solución pacífica al conflicto palestino – israelí conforme a las resoluciones de Naciones Unidas, además de promover la construcción de la paz y el fomento de la convivencia.
● Respaldar el trabajo de Naciones Unidas y a su secretario general, António Guterres. Valoramos positivamente la posición de Pedro Sánchez en este sentido y confiamos que la UE y sus Estados miembros sigan sus pasos.
