La contratación de bienes y servicios por parte de las Administraciones Públicas ha adquirido una gran importancia en los últimos años. De hecho representa el 18,5% del PIB. La compra pública ética supone aplicar criterios sociales y ambientales -y no solo los económicos- en las compras y licitaciones de las Administraciones Públicas, de manera que respondan a los fines que persiguen las políticas sociales o ambientales de las propias Administraciones. (…)
La compra pública ética se enmarca dentro de un nuevo paradigma de entender los procesos de compra y contratación pública donde no debe prevalecer solo el criterio económico sino también otros criterios que deben atender a los fines perseguidos por las políticas sociales y ambientales.
Así, exigir respeto a los derechos laborales básicos en la fabricación de productos textiles procedentes de países en vías de desarrollo o exigir que se hayan comercializado bajo los principios del Comercio Justo representa una oportunidad de incorporar la política de cooperación al desarrollo en los procesos de contratación, completándola y respondiendo a los fines que se persiguen en este ámbito.
Esta práctica la han puesto en valor instituciones como el Parlamento Europeo o el Comité de las Regiones, que han reconocido en ella una forma de mejorar la gestión pública y han instado a todos los Estados miembro a poner en marcha acciones que garanticen de forma sistemática iniciativas de compra pública ética.
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Además, la reciente aprobación de la nueva Directiva europea sobre contratación pública (enero 2014) viene a ampliar las posibilidades de incorporar criterios sociales que debieran ser irrenunciables para el sector público si quiere ganar en credibilidad, confianza y buena gestión de los recursos públicos.
Este artículo, escrito por David Comet (responsable del programa de Compra Pública Ética de la organización IDEAS), fue publicado en el informe «El Comercio Justo en España 2013.Diagnósticos y alternativas en clave europea» editado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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