La presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio justo, Mercedes García de Vinuesa, acaba de concluir su participación en las Jornadas “Empresas, Desarrollo Sostenible y Lucha contra la Pobreza” organizadas por la ONGAWA. Con este motivo, reproducimos a continuación la entrevista que hemos mantenido con ella sobre este tema:
Cuando aparece el concepto de negocios inclusivos, el Comercio Justo lleva ya años trabajando. ¿Qué rasgos en común y qué diferencias observas entre esa idea de inclusividad de los negocios y la idea de justicia promovida desde la sociedad civil?
Los negocios inclusivos son, como su propio nombre indica, una manera de entender la empresa y las posibilidades que pueden ofrecer para contribuir al desarrollo sostenible (entendido este último concepto de una manera amplia). Es, en definitiva, una manera de entender los negocios. El caso del Comercio Justo es diferente. Nosotros somos un movimiento internacional que lucha contra la injusticia económica y comercial, y para ello proponemos un modelo comercial alternativo al convencional, pero también y de forma fundamental, denunciando las políticas económicas injustas, haciendo partícipe a la ciudadanía a través de la movilización social. En este sentido, la comercialización (el negocio) es una parte más, importante y fundamental, pero tiene sentido es una dimensión más compleja de denuncia y movilización global.
Entonces, ¿el Comercio Justo desborda la acepción del término “negocio inclusivo”?
Así es. Bajo nuestro punto de vista, la justicia global pasa por desarrollar propuestas comerciales alternativas al actual sistema comercial que ponga por delante los derechos de las personas y del medio ambiente frente a los beneficios económicos. Pero también, y de forma muy fundamental, ese entendimiento de justicia global pasa por denunciar este sistema y las consecuencias que genera en cuanto a pobreza, exclusión y explotación. Sin esa dimensión, de denuncia y movilización, seríamos también susceptibles de ser un negocio inclusivo, pero realmente, abordamos la justicia desde una dimensión más compleja y holística.
¿Cuál es el potencial de los negocios inclusivos en la lucha contra la pobreza?
Partiendo de la base de que el Comercio Justo es mucho más que un negocio inclusivo, en nuestro caso, hay cientos de estudios sobre cómo contribuye el Comercio Justo a la lucha contra la pobreza. El Comercio Justo aumenta los ingresos y mejora las condiciones de vida de las personas, permite acceder a nuevos mercados y servicios financieros a los productores y tiene un impacto medioambiental innegable. Además, permite mejoras en el ámbito de la educación y la sanidad y contribuye a empoderar a las mujeres. En la actualidad se benefician del Comercio Justo más de 2.000.000 personas involucradas en las más de 2.000 organizaciones productoras de Comercio Justo, en un total de 75 países de América Latina y Caribe, Asia y África. África con un millón de personas es el continente más beneficiado.
¿Hay sectores especialmente propicios para los negocios inclusivos?
En nuestro caso, donde mejor funciona es en la alimentación (café, azúcar, cacao..), y menos en la artesanía. No porque haya sectores mejores que otros, se trata en nuestro caso de una cuestión de demanda del consumidor.
¿Los negocios inclusivos llegan realmente a los colectivos más vulnerables o funcionan mejor con colectivos que ya tiene ciertas capacidades? ¿Llega a las mujeres?
El Comercio Justo trabaja con los más desfavorecidos del planeta y, entre ellos, las mujeres. La igualdad de derechos entre hombres y mujeres es uno de los criterios fundamentales del Comercio Justo y por la especificidad de la posición de la mujer en muchos de los países donde trabajamos, es sencillamente, revolucionario.
De cara al nuevo marco de la cooperación española, ¿qué se debe hacer y cómo?
Exigimos la aplicación de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de forma transversal en toda la política exterior española. Por otra parte, solicitamos 10 medidas que tendrían como objetivo común un modelo económico y comercial que ponga a las personas en el centro y cuya finalidad-prioridad sea el bienestar y los derechos de las personas y el medioambiente frente al beneficio de las empresas. En política exterior hay que asumir un posicionamiento político que apueste por equilibrar los intereses comerciales con la defensa de los derechos humanos, laborales y medioambientales tanto en los acuerdos comerciales que impulse de manera bilateral España como en los que suscribe la Unión Europea. También, impulsar el papel de las embajadas de España y las delegaciones de la Unión Europea en la promoción del Comercio Justo, con una propuesta concreta y participada por el movimiento del Comercio Justo en el Estado y promocionar acuerdos bilaterales entre países que tengan por objetivo el desarrollo del Comercio Justo y la Economía Solidaria.
Y, ¿en cuanto a legislación?
Aportamos porque se apruebe una legislación sobre Contratos del Sector Público que impulse, de manera efectiva, la Compra Pública Ética en los contratos y suministros de las Administraciones del Estado y, más concretamente, que fije criterios que discriminen de forma positiva a los productos de Comercio Justo en los concursos públicos. De la misma manera, solicitamos la aprobación de un Plan de Contratación Pública para la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y los de la Seguridad Social, que incluya un paquete de medidas concretas para promover el Comercio Justo.
¿El Comercio Justo figura suficientemente en la agenda de la política estatal de cooperación?
No lo que nos gustaría. Por eso solicitamos que en el futuro Plan Director de la AECID 2017-2020 se reconozca e incluya el Comercio Justo como una herramienta eficaz de lucha contra la pobreza, contemplando líneas específicas que se adecúen a lo contemplado en la resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo (2005/2245). También pedimos que se modifique la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, haciendo mención explícita al Comercio Justo como área concreta de trabajo en el fomento de la economía social.
