Fuente: Plataforma por Empresas Responsables
Con 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó ayer 1 de junio una nueva legislación que obligaría a las empresas de la UE a abordar los impactos ambientales, climáticos y de derechos humanos a lo largo de toda su cadena de suministro y mejorar el acceso a la justicia para las víctimas de abusos empresariales.
La Plataforma por las Empresas Responsables, de la que forma parte la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, da la bienvenida al texto aprobado, sin embargo, en palabras de su coordinadora, Amaya Acero, “el texto no ha sido lo suficientemente ambicioso en la protección del medio ambiente y proporcionar acceso a la justicia para las víctimas de violaciones por parte de empresas”.
La posición del Parlamento sobre la debida diligencia incluye mejoras importantes respecto a las propuestas anteriores de la Comisión Europea y el Consejo. En particular, la posición se ajusta más a las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos al aclarar cómo las empresas pueden abordar los daños y trabajar con las personas que puedan verse afectadas por las actividades de la empresa. También reduce los obstáculos al acceso a la justicia para las víctimas, ampliando el plazo de prescripción de los casos de abusos empresariales y ofreciendo asistencia financiera y jurídica a las víctimas.
Sin embargo, el compromiso político no ha estado a la altura a la hora de facilitar el acceso a la justicia a las víctimas. El Parlamento no logró invertir la carga de la prueba lo que significa que sigue existiendo un importante obstáculo para la justicia.
Esta ley debería reforzar los propios objetivos de la UE en materia de «Pacto Verde», pero el Parlamento ha optado por ignorar las protecciones medioambientales recomendadas por su propia comisión de Medio Ambiente. Mientras tanto, el sector financiero, a pesar de su poderosa influencia sobre la forma en que las empresas llevan a cabo sus operaciones, recibe un trato preferente en el texto.
Para poner de relieve la dificultad que tienen las comunidades afectadas para acceder a la justicia, esta mañana, antes de la votación, la campaña Justice is Everybody’s Business instaló una maqueta de una montaña de 4 metros de altura frente al Parlamento Europeo para ilustrar el obstáculo que tienen que superar las víctimas de abusos empresariales para conseguir justicia.
Las negociaciones finales para adoptar la Directiva entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea deberían tener lugar durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. Es por ello por lo que la Plataforma por Empresas Responsables pide que el Gobierno de España promueva la adopción de una Directiva ambiciosa y eficaz durante su mandato.
