Ante la repetición de las Elecciones Generales el próximo 10 de noviembre, el movimiento de Comercio Justo incide en pedir compromisos políticos que aborden de manera urgente el cambio climático y la responsabilidad de las empresas en pro de una cadena de valor sostenible y justa.
En estos seis meses, el movimiento de Comercio Justo ha avanzando en estas propuestas, debatidas recientemente con eurodiputados y organizaciones productoras en el Parlamento Europeo, con motivo del Desayuno de Comercio Justo organizado por la FTAO y al que asistieron diputados y diputadas de todos los estados miembro, así como productores de Comercio Justo representados por la WFTO en África y Oriente Medio, América Latina y Caribe, Asia y Europa.
Madrid, 4 de noviembre de 2019. Ante la repetición de las Elecciones Generales el próximo 10 de noviembre, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) insiste en pedir a los partidos políticos, tal y como lo hiciera en la convocatoria a las urnas del 28 de abril, que promuevan leyes que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos y proteger el medio ambiente a lo largo de toda la cadena de fabricación. Con esta propuesta, las organizaciones de Comercio Justo solicitan que en España se replique la iniciativa llevada a cabo en Francia, que ha aprobado una ley en este sentido: la Ley de Diligencia Debida.
Debida Diligencia en pro de una cadena de valor sostenible y justa
Asimismo, se propone impulsar la creación de un Grupo de Trabajo Interparlamentario Congreso-Senado sobre empresas y Derechos Humanos, para garantizar políticas en pro de una cadena de valor sostenible y justa, a través del impulso de la debida diligencia de las empresas en toda la cadena de valor, que contemple las necesidades de los productores, buenas prácticas, precios justos, economía social y solidaria, etc.
Por una economía más justa, respetuosa con las personas y el medio ambiente
La Coordinadora Estatal de Comercio Justo considera necesaria y urgente una acción política comprometida con un modelo comercial más humano y sostenible que, en alianza con el sector privado y la sociedad civil, cumpla con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en los objetivos referidos a la producción y consumo responsables, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la equidad de género y frenar el cambio climático.
En el Desayuno de Comercio Justo y posterior Debate celebrado en el Parlamento Europeo tuvimos la oportunidad de plantear estas propuestas a diputados, productoras del Sur y representantes de la sociedad civil, que concluyeron en trabajar coordinadamente para fortalecer las demandas de las poblaciones más vulnerables y lograr que se las tome en cuenta en las leyes que promuevan cadenas sostenibles y justas.
La CECJ también reclama que el Comercio Justo tenga una mayor relevancia en la agenda política de cooperación. Asimismo, exige iniciativas concretas para favorecer la producción y el consumo responsables, como una fiscalidad positiva para los productos que incluyan criterios sociales y medioambientales, la compra pública ética o la promoción de productos de Comercio Justo en las administraciones públicas (servicios de cafetería, restaurantes, máquinas de vending…)
Además, incide la inclusión del Comercio Justo en el Plan Director de la AECID, favoreciendo el fortalecimiento de las organizaciones productoras, así como la sensibilización de la ciudadanía española en torno al Comercio Justo y el consumo responsable a través de la Educación para el Desarrollo.
De cara a la próxima cita con las urnas, el Comercio Justo reclama de nuevo a candidatos y candidatas que hagan campaña y promuevan en sus programas de gobierno medidas, normativas y leyes vinculantes que vigilen, regulen y sancionen las prácticas comerciales abusivas, la sobreexplotación de personas y recursos naturales, las condiciones laborales indignas, la discriminación, la falta de transparencia y responsabilidad corporativa, la desigualdad de género o la falta de oportunidades entre la población más vulnerable.
Las organizaciones de Comercio Justo apelan así a la responsabilidad de los Gobiernos para que desarrollen políticas públicas comerciales sostenibles, y a los partidos políticos para que incorporen en sus programas medidas que promuevan otro modelo comercial y económico que priorice condiciones laborales y de vida dignas para todas las personas, derechos humanos, sociales y económicos en todos los ámbitos de la vida, así como un modelo de desarrollo sostenible que respete y proteja el medio ambiente frente a los efectos del cambio climático.
Por una ciudadanía concienciada y crítica
Las recientes investigaciones dan cuenta de una ciudadanía cada vez más concienciada y que valora que se respeten sus derechos y los de las personas que trabajan en la fabricación de los productos que consumimos. Derechos que deben ser garantizados no solo con concienciación ciudadana, sino también con cambios legislativos.
El movimiento de Comercio Justo considera fundamental promover la transparencia y la participación ciudadana en las negociaciones sobre acuerdos comerciales o leyes vinculantes, así como campañas de sensibilización y educación, así como la incorporación en la Ley Orgánica de Educación materias sobre el consumo responsable, la economía social y solidaria y el Comercio Justo.
Todas estas medidas se encaminan hacia una ciudadanía más responsable y crítica, que denuncie y evite la vulneración de derechos en toda la cadena de suministro.
