Hoy, martes 16 mayo, el Consejo de la Unión Europea, tal y como ya hizo el Parlamento Europeo el pasado 19 de abril, ha aprobado el Reglamento relativo a la comercialización en el mercado de la UE y a la exportación desde el mismo de determinadas materias primas y productos derivados asociados a la deforestación y la degradación forestal.
Esta nueva regulación requerirá que las empresas demuestren que sus productos no han contribuido a la destrucción de los bosques si quieren venderlos en el mercado de la UE.
La Alianza Cero Deforestación, de la que formamos parte junto con Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Mighty Earth, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, aplaude esta votación. No obstante, recuerda a la Comisión de la UE y a los Estados miembros que esta decisión marca solo el comienzo, y que será la ambición y el rigor en la aplicación de la ley la que dará los resultados esperados de frenar la deforestación inducida por el consumo de materias primas de la UE.
Las importaciones agrícolas a Europa son las segundas responsables de la deforestación global en el mundo, después de China. La agricultura industrial impulsa más del 90 por ciento de la deforestación, según un estudio publicado en la prestigiosa revista Science.
En palabras de la Alianza Cero Deforestación “este es un día histórico para los bosques del mundo. Por primera vez los operadores agroindustriales y otras empresas en su cadena de suministro deberán demostrar que sus importaciones de carne de vacuno, soja, aceite de palma, caucho, cacao, café, madera y algunos de sus productos derivados están libres de deforestación. Esta es también una buena noticia para los consumidores que, conscientes de la gravedad del problema, han exigido de manera constante a los gobiernos y las empresas que mantengan los productos que causan la destrucción de los bosques fuera de sus cestas de la compra”.
Para las organizaciones ecologistas, el trabajo no ha terminado. La Comisión de la UE necesita evaluar e incluir cuanto antes otras materias primas como el maíz u otros tipos de carne y ecosistemas críticos como praderas, turberas y humedales, “una medida que hubiera mejorado sensiblemente el Reglamento”.
Un ejemplo de esta situación es el caso de biomas como el Cerrado, que queda casi en su totalidad fuera del ámbito de aplicación de esta regulación y, sin embargo, es donde se produce el 52% de la soja brasileña y la deforestación. También es donde la conversión de tierras alcanzaron su máximo de siete años en 2022, cuando se perdieron 10.689 km2.
Al mismo tiempo, la Amazonía registró en abril de 2023 una disminución de bosque en 287,7Km2, un 72% más bajo que hace un año. De ahí la urgencia de que en el plazo de un año desde su entrada en vigor, tal y como prevé la ley, se evalúe positivamente la incorporación de ecosistemas bajo la clasificación de otras tierras boscosas. Esto permitiría aumentar considerablemente la protección de espacios naturales como el Cerrado y otros que a nivel global están sufriendo el avance sin precedentes de la agroindustria.
Según el informe “Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020” de FAO, en el mundo existen 977 millones de hectáreas que se clasifican como otras tierras boscosas.
Deberes para el Gobierno y las comunidades autónomas
El Reglamento prevé que, para un control efectivo de las materias primas que se importan y comercializan en el mercado de la UE, los Estados miembros deberán designar autoridades competentes en cada país, además de publicar su régimen sancionador.
España es, dentro de la UE, uno de los puntos de entrada más importantes de algunas de las materias primas que recoge el Reglamento, como la soja que se destina a la alimentación animal. Por este motivo, es esencial como punto de partida una buena configuración de la autoridad competente responsable de los controles, tanto en su dimensión estatal como autonómica, con recursos económicos, humanos y técnicos.
Las organizaciones señalan algunos aspectos que contribuirían a paliar la sensación de dejadez institucional e impunidad durante la aplicación del Reglamento para combatir la tala ilegal (un reglamento aprobado en 2013 y que fue la antesala de este nuevo Reglamento que lucha contra la deforestación) tales como: la homogeneidad en la designación de los órganos competentes a nivel autonómico; mayor coordinación y cooperación entre estas autoridades; transparencia en los controles realizados; o una aplicación efectiva del régimen sancionador.
En ese sentido, la Alianza Cero Deforestación reclama al Gobierno y a las comunidades autónomas, que “garanticen en el ámbito de las administraciones públicas de su competencia, los recursos necesarios, para la correcta implementación y el cumplimiento del Reglamento. En paralelo se debería trabajar en una ley estatal específica de lucha contra la deforestación para facilitar y unificar bajo una única regulación las exigencias derivadas del Reglamento”.
Fuente de la información: Alianza Cero Deforestación
