El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los pueblos indígenas. Las organizaciones de Comercio Justo queremos poner el foco en el papel fundamental de las organizaciones indígenas y su sabiduría en la preservación de la biodiversidad y en la lucha contra la crisis medioambiental y la desigualdad.
En especial, destacamos el papel crucial de las mujeres indígenas como guardianas de los recursos naturales y defensoras de la tierra, la cultura y los derechos indígenas.
Agricultoras indígenas de la organización de Comercio Justo Agropia, en Perú
Muchos de los grupos artesanos y agricultores de Comercio Justo son indígenas. Sus conocimientos tradicionales y su manera de vivir en armonía con la naturaleza inspiran formas más sostenibles de avanzar hacia el futuro.
Apoyar el Comercio Justo significa apostar por sistemas de producción y de consumo que protegen los derechos de las comunidades indígenas, mantienen vivas las técnicas de producción tradicionales y respetan su identidad cultural.
Los derechos de los pueblos indígenas, amenazados.
Desde la Plataforma por las Empresas Responsables (PER), de la que la Coordinadora Estatal de Comercio Justo somos parte, queremos señalar con preocupación cómo la falta de reglas claras para las empresas tiene un impacto directo sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Se hace fundamental contar con una ley nacional de debida diligencia* que proteja a las comunidades y pueblos indígenas de prácticas empresariales irresponsables.
Muchas empresas multinacionales (constructoras, energéticas, extractivas, agroalimentarias…), desarrollan su actividad en países donde los Derechos Humanos y el medioambiente no están debidamente protegidos por la legislación. Actúan de manera impune provocando deforestación y acaparamiento de tierras, impidiendo el acceso al agua y al territorio y atentando contra los derechos laborales de las personas trabajadoras. Y las comunidades se ven impotentes para acceder a la justicia y reclamar daños y perjuicios.
© Pedro Armestre/ Alianza por la Solidaridad – ActionAid
A nivel estatal, distintas organizaciones miembro de la PER han documentado casos en los que los derechos de los pueblos indígenas han sido vulnerados sin consecuencias para las empresas. Están recogidos en el dossier “Casos recientes de abusos de empresas españolas”, que evidencia cómo la ausencia de normas claras de responsabilidad empresarial vulnera derechos de las personas (muy especialmente de las mujeres) e impacta negativamente en el medioambiente.
Para evitar que esto ocurra, España debe aprobar sin dilación una ley de debida diligencia empresarial que sirva para prevenir los impactos sobre los derechos humanos y el medioambiente. La ley debe obligar a las empresas a contar con planes de debida diligencia que cubran toda su cadena de valor. Estos planes deben ser transparentes e independientes y, en caso de que se produzcan dichos impactos, tienen que permitir que las personas afectadas accedan a justicia y reparación.
Contar con una ley nacional es efectivo para exigir responsabilidades a las empresas y garantizar la reparación a las víctimas.
*La debida diligencia en derechos humanos y medioambientales es el proceso por el cual las empresas toman todas las medidas necesarias y eficaces para identificar, prevenir, mitigar, rendir cuentas y responder por los impactos negativos, reales o potenciales de sus actividades o las de su cadena de valor. Esto incluye filiales, subcontratistas, proveedores y otras relaciones económicas, en el estado de procedencia o en terceros países. Más información, aquí.
