Artículo publicado el día 15 marzo 2019, en el blog Alterconsumismo, de El País.
Por María Fernández Suárez (presidenta de CECJ).
En el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, una encuesta europea viene a subrayar las preferencias de la ciudadanía europea y española en lo que respecta al consumo de moda. Y lo que más llama nuestra atención es que, entre los derechos que todos queremos para nosotros mismos como consumidores, están los de saber qué hay de los derechos de las personas que hacen nuestra ropa.
Y encontramos que más de un 80 por ciento de la población española, por ejemplo, cree que la legislación debería obligar a las marcas de ropa a respetar los Derechos Humanos de todas las personas que intervienen en la elaboración de sus artículos. Y que el 81% de la población encuestada en España y el 80% en Italia están de acuerdo en que la ley debería exigir a las marcas de ropa que adopten medidas para proteger el Medio Ambiente en cada una de las etapas de fabricación de sus productos.
Además, una gran mayoría de consumidores -el 72 por ciento- también está de acuerdo en que la ley también debería exigir que las marcas de ropa declaren si están pagando un salario justo y digno a sus trabajadores y trabajadoras. Esta misma exigencia se eleva a un 76 por ciento en el caso de la población encuestada en España y el 75 por ciento en Italia.
Se trata de algunas de las principales conclusiones de la Encuesta Europea sobre Moda y Consumo Responsable, publicada por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y elaborada por Fashion Revolution, y que recoge las actitudes de la población de cinco países (España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido) ante las condiciones en las que se produce la ropa y su impacto medioambiental.
Los datos de este estudio visibilizan una realidad que no siempre se tiene en cuenta por gobiernos, legisladores y empresas multinacionales: La ciudadanía cada vez demuestra más conciencia y responsabilidad con los Derechos Humanos y la protección del Medio Ambiente. Y eleva esa responsabilidad a sus representantes y a sus empresas.
La Encuesta Europea así lo corrobora en el caso de España: El 82 por ciento de la población española cree que la legislación debería obligar a las marcas de ropa a respetar los Derechos Humanos de todas las personas que intervienen en la elaboración de sus artículos.
Pienso que cómo consumimos tiene un impacto directo en cómo se produce, por lo que ya es muy positivo que haya una demanda ciudadana de mayor transparencia en la industria de la moda. Cada vez más conscientes que los productos no aparecen por generación espontánea en las estanterías, cada vez pensamos más en las personas que hay detrás, en quién ha elaborado nuestra ropa y en qué condiciones. Y queremos saber y tener garantías de que consumimos sin que detrás haya explotación y sin que nos estemos cargando el planeta. Se ha avanzado bastante en temas de seguridad laboral o el etiquetado, pero en materia de Derechos Humanos, tenemos casi todo por hacer.
Más apoyo económico
A partir de esta encuesta, el informe recomienda priorizar una mayor financiación y apoyo técnico desde los Gobiernos y entidades legisladoras, con el objetivo de lograr una producción y un consumo sostenibles en la industria de la moda.
La mayoría de los consumidores y consumidoras -un 68 por ciento- están de acuerdo en que el gobierno tiene que involucrarse en garantizar que la ropa -incluido el calzado y los accesorios- se produzca de forma sostenible.
Estoy convencida de que todos, como ciudadanos europeos y españoles, tenemos una oportunidad de oro con las próximas elecciones para pedir una legislación vinculante, que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos, y que esta información aparezca de forma clara, transparente y legible en los productos. Es posible y es factible, solo hay que ponerse a ello.
Responsabilidad de las empresas y los Estados
Por otra parte, los autores del estudio recomiendan a la ciudadanía que se dirija a representantes políticos electos para pedirles que tomen las medidas necesarias que garanticen que la ropa que compramos se ha hecho de manera sostenible y respetando los derechos humanos de trabajadores y trabajadoras.
Yo por mi parte reclamo que sea la Administración y las empresas las que se responsabilicen de estos cambios y tomen nota de lo que la ciudadanía ya está demandando desde hace tiempo, y que movimientos como el Comercio Justo ya está haciendo desde hace 60 años
