La Coordinadora Estatal de Comercio Justo nos sumamos al comunicado emitido por la Plataforma por Empresas responsables (de la que formamos parte), en relación a la votación de hoy 28 de febrero en la que no se ha logrado una mayoría de votos favorables a la Directiva de Debida diligencia para las empresas en materia de derechos humanos y sostenibilidad.
Hoy, los Estados miembro de la UE han enviado un mensaje claro: no es necesario ningún cambio en la conducta empresarial, a pesar de los largos años de debates y negociaciones entre los colegisladores y del contundente apoyo a la Directiva por parte de gobiernos, sindicatos, sociedad civil, grandes, medianas y pequeñas empresas, y ciudadanos particulares.
Hoy, los diplomáticos de la UE se han reunido en el Coreper (Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembro de UE) para decidir y respaldar la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas.
Decepción y reivindicación
Como reacción, más de 130 organizaciones europeas compartimos la misma decepción y pedimos a la Presidencia belga que esté a la altura de las circunstancias, vuelva a dirigirse a los Estados miembros y garantice una fuerte mayoría sin regatear los principios clave del compromiso alcanzado en el acuerdo a tres bandas.
Declaración conjunta de la sociedad civil y los sindicatos
El hecho de que el Consejo de la UE no haya apoyado hoy la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial supone un retroceso deplorable para la responsabilidad de las empresas y la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en todo el mundo.
El bloqueo es atribuible en gran medida a los grandes Estados miembros: a la temprana abstención anunciada de la influyente Alemania – orquestada por el socio minoritario de la coalición alemana, el FDP, y enfrentada a la resistencia sin espíritu del Canciller Scholz – le siguieron otros. Un intento de última hora por parte de Francia de hacer descarrilar las negociaciones al proponer anoche multiplicar por diez el umbral de las empresas, aumentó la incertidumbre para otros Estados. Estos juegos políticos desafían con crudeza el rotundo apoyo a la Directiva por parte de gobiernos, sindicatos, sociedad civil, grandes, medianas y pequeñas empresas, y ciudadanos particulares.
Sin una legislación vinculante de la UE sobre la responsabilidad de las empresas, los gobiernos nacionales no pueden abordar los impactos sobre los derechos humanos, la explotación de los trabajadores, los impactos sobre los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales y los ecosistemas naturales vinculados a las operaciones de las empresas.
Se trata de un estremecedor incumplimiento por parte de los gobiernos de la UE de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y una señal de luz verde a las empresas imprudentes de que pueden seguir alimentando la crisis climática y ecológica para obtener beneficios empresariales.
Esta falta de apoyo amenaza una pieza vital de la legislación de sostenibilidad de la UE, necesaria y atrasada para desencadenar el cambio en la conducta empresarial. Es el resultado de un proceso democrático en el Parlamento Europeo y de amplias negociaciones con los Estados miembros.
Ahora más que nunca, la Presidencia belga debe estar a la altura de las circunstancias: ha llegado el momento de dar la vuelta a los Estados miembros y garantizar una mayoría fuerte sin regatear los principios clave del compromiso alcanzado en el acuerdo a tres bandas.
