El 82 por ciento de la población española cree que la se debería obligar por ley a las marcas de ropa a respetar los Derechos Humanos de todas las personas que intervienen en la elaboración de sus artículos. Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta Europea sobre Moda y Consumo Responsable, que recoge las actitudes de la población ante las condiciones en las que se produce la ropa y su impacto medioambiental.
La encuesta ha sido realizada a 5.000 personas de entre 16 y 75 años en los 5 principales mercados europeos -Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España.
Con motivo de la publicación de este estudio, entrevistamos a Mónica Gómez, vicepresidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.
El pago justo es uno de los principios del Comercio Justo como movimiento que reivindica además la producción y el consumo sostenible como garantía de justicia social y medioambiental. ¿Están los gobiernos y las políticas globales a la altura de esta conciencia ciudadana y transformaciones globales, dado que, según la Unión Europea, entre las políticas de protección al consumidor está la de adaptar los derechos de los consumidores a los cambios económicos y sociales?
No, no lo están. Aunque hemos podido avanzar mucho en temas de seguridad o etiquetado, en materia de derechos humanos y respeto a las condiciones en las que se elaboran los productos nos queda todo por hacer. Un producto no solo se compone de 100% algodón o la materia prima con la que se ha fabricado, tenemos que saber que se ha elaborado en condiciones laborales dignas, sin explotación, y en este aspecto más invisible de nuestra ropa, son los gobiernos los que tienen que garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, regulando y legislando en esta materia. No puede depender solo de una cuestión de oferta y demanda.
Son los gobiernos y las empresas las que deberían liderar estos procesos para garantizar la transparencia en la cadena de suministro y el respeto a los Derechos Humanos. Es algo básico y más en un sector como la industria textil, en el que sabemos que se incumple de manera masiva y generalizada.
Cuestiones como las condiciones de trabajo, la normalización de salarios dignos, o las prácticas de explotación laboral, debería estar regulado y legislado, no puede ser que todo esto siga sin regularse, y en este asunto le queda mucho por hacer a la Administración.
A las puertas de las próximas Elecciones -tanto europeas como generales, autonómicas y locales en España-, los partidos políticos tienen ahora la oportunidad de escuchar a la ciudadanía, ver qué es lo que realmente nos importa y nos preocupa, y a partir de encuestas como la que nos ocupa sobre Moda y Consumo Sostenible, dar prioridad en sus programas a estas demandas.
Por otra parte, los consumidores y consumidoras somos cada vez más conscientes de que los productos no aparecen por generación espontánea en las estanterías, cada vez pensamos más en las personas que hay detrás, en quién ha elaborado nuestra ropa y en qué condiciones. Y queremos saber y tener garantías de que consumimos sin que haya explotación y sin que nos estemos cargando el planeta. Se ha avanzado bastante en temas de seguridad laboral o el etiquetado, pero en materia de Derechos Humanos, tenemos casi todo por hacer.
Ante estos datos, el informe concluye con recomendaciones a los gobiernos para que prioricen la producción y consumo de moda sostenible en sus políticas y presupuestos, a las marcas para que incluyan más información en el etiquetado, y a la ciudadanía para que se pregunte quién hace su ropa.
¿Qué buenas prácticas desde el Comercio Justo están impulsando la producción y el consumo sostenible, y qué recomendaciones, en este sentido, se dan desde la Coordinadora y sus miembros, dado además que los Objetivos de Desarrollo Sostenible también señalan el compromiso de impulsar prácticas sostenibles en las empresas, con el apoyo de los estados?
El Comercio Justo lleva en su ADN que se puede producir y consumir de manera responsable y sostenible, y por tanto demuestra que es posible una moda que respete los derechos humanos.
Cuando elegimos Comercio Justo, elegimos unos productos de excelente calidad pero que además nos garantizan esto que precisamente estamos demandando como consumidoras y consumidores: que se respeten los derechos, que las mujeres se empoderen y que sean dueñas de sus vidas, que se promueva la igualdad de género, que se rompa con el círculo de la pobreza, por cuidar el planeta y mimarlo… En definitiva, por escribir un futuro diferente para las personas y el planeta. Y llevamos mucho tiempo demostrando que es posible hacer comercio teniendo en cuenta los criterios económicos pero también sociales y medioambientales.
Animamos a la empresa y a la Administración a ver que sí que hay otra forma de producir y de consumir, que se pueden incorporar valores sociales y medioambientales y ser viable económicamente, respetando a las personas y el planeta.
En el Comercio Justo tenemos un ejemplo de modelo global de producción y consumo sostenibles, respetuoso con las personas y el planeta. Tenemos que aprovechar el valor del ejemplo de haber hecho esto posible pero no puede ser una excepción: la Administración y las empresas tienen que liderar esta forma de garantizar los derechos humanos y de producir respetando a las personas y el planeta».
¿Hay voluntad política para que se haga efectiva esta forma de producir sostenible, que garantice los derechos humanos y respete el Medio Ambiente?
Tenemos una oportunidad de oro en estas Elecciones de 2019 para reclamarlo a nuestros candidatos y candidatas. El pasado año, el Parlamento Europeo aprobó una propuesta a favor de una legislación vinculante en materia de Derechos Humanos para que se garanticen en el sector textil y ahora la Comisión Europea es la que tiene que desarrollar esta inciativa legislativa.
Así como en el Parlamento Europeo sí que fue aprobada de manera mayoritaria, en la Comisión Europea está atascada esta cuestión. Ahora tenemos la oportunidad de dirigirnos a la Comisión Europea para trasladarles lo que demanda la ciudadanía europea.
Como ciudadanía europea y española, queremos una legislación vinculante, que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos, y que esta información aparezca de forma clara, transparente y legible en los productos. Es posible y es factible, solo hay que ponerse a ello.
