El Parlamento Europeo votó el pasado miércoles 24 de abril a favor de una legislación que obligará a las grandes empresas de la UE a abordar los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones y cadenas de suministro tanto dentro como fuera de las fronteras europeas. Esta ley incluirá aspectos como ingresos y salarios dignos y prácticas de compra responsables en la agenda de todas las grandes empresas.
Reproducimos la nota de prensa emitida por Fair Trade Advocacy Office de análisis y valoración de los aspectos más destacados de la directiva recién aprobada:
La Directiva sobre la Diligencia Debida en materia de sostenibilidad de las empresas es clave para abordar las repercusiones sobre los derechos humanos y el medio ambiente, pero es necesario apoyar su aplicación
La aprobación de esta directiva supone un paso adelante en la justicia corporativa. Es importante celebrar el logro y aclarar las medidas de acompañamiento para que su aplicación sea posible y tenga impacto. Para apoyar las próximas etapas, la Oficina de Defensa del Comercio Justo,
Salario digno, compra responsable y no a los recortes
Elementos clave de la Directiva son el reconocimiento del Salario Digno y el Ingreso Digno como derechos humanos que las empresas deben tener en cuenta, así como la aclaración de la importancia de abordar el impacto de las prácticas de compra de la empresa.
Otra mejora clave es la aclaración de que la desvinculación de los proveedores en virtud de la ley sólo debe producirse como último recurso y de manera responsable. Por último, vemos una redacción más contundente sobre la participación significativa de las partes interesadas, que es crucial para una diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente.
Se necesita apoyo e información para una aplicación adecuada
A medida que avanzamos hacia la aplicación, no se puede esperar que los proveedores en general, y los agricultores a pequeña escala en particular, asuman por sí solos la carga de la ambición de esta directiva. Por lo tanto, es crucial que las directrices y las cláusulas contractuales modelo se basen en normas y orientaciones reconocidas internacionalmente y dejen claro que no es una aplicación adecuada hacer recaer sobre los proveedores el coste y las responsabilidades en materia de derechos humanos y producción sostenible sin el apoyo adecuado.
El desarrollo de la ley ha sido complejo
La diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente que ahora será obligatoria se basa en las normas reconocidas internacionalmente desarrolladas por la ONU y la OCDE que existen desde 2011, así como en las buenas prácticas y directrices establecidas.
En febrero de 2022, la Comisión Europea publicó una propuesta legislativa inspirada en un Informe Legislativo Propio del Parlamento Europeo de 2021. El proyecto de ley tenía un gran potencial, pero carecía de claridad en algunos elementos clave, por lo que corría el riesgo de tener consecuencias negativas no deseadas para los pequeños agricultores y otros actores de las cadenas mundiales de suministro, a quienes la ley pretende proteger.
Gracias a la ardua labor del Parlamento Europeo, estos elementos se abordaron, y ahora tenemos una ley con muchas más posibilidades de generar un cambio positivo para los pequeños agricultores y agricultores, y las personas trabajadoras y artesanas de todo el mundo.
A pesar de que algunos Estados miembro hicieron caso omiso de las negociaciones en el último minuto, introduciendo cambios unilaterales para debilitar el texto final en marzo, la nueva Directiva supone un paso adelante fundamental para la responsabilidad de las empresas.
La UE y los Estados miembros se comprometen a proporcionar apoyo financiero e información a los diferentes actores de la cadena de suministro, a la sociedad civil y a las entidades productoras de todo el mundo. Creemos que las Delegaciones de la UE desempeñan un papel clave a la hora de garantizar que los agricultores, los trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil puedan utilizar esta ley y que los actores de la cadena de suministro en posiciones vulnerables no se queden sin apoyo.
Citas:
Daniel Amponsah, Asunafo North Municipal Co-operative Cocoa Farmers (Ghana): Tener unos ingresos dignos es un derecho humano y, como productores, agradecemos que la UE lo reconozca y lo dé a conocer en la Directiva. Esto significa que las empresas con las que trabajamos se comprometerán a garantizar la reducción de la pobreza entre los agricultores y agricultoras. No obstante, volvemos a pedir a la UE que se asegure de que existen medidas para apoyar la aplicación de la Directiva.
May Hylander, Oficina de Defensa del Comercio Justo: Celebramos este paso clave e instamos a la Comisión Europea a que elabore orientaciones claras sobre temas clave como las prácticas de compra, la participación significativa de las partes interesadas y la forma de respetar el derecho a salarios e ingresos dignos para garantizar su correcta aplicación. Es imperativo que los costes y las responsabilidades no recaigan únicamente sobre los hombros de los proveedores.
