El lunes 22 de junio, Mercedes García de Vinuesa, presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, realizó una intervención en el Senado sobre trabajo y explotación laboral infantil. Dicha comparecencia fue solicitada por la Comisión Especial sobre el trabajo y la explotación infantil de dicha cámara que está elaborando un documento con recomendaciones sobre el tema dirigido al Parlamento.
García de Vinuesa, en su exposición, explicó en primer lugar la diferencia entre trabajo infantil y explotación laboral infantil. Así, desde la Organización Internacional del Trabajo se define trabajo infantil como “la participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva”. Entrarían dentro de esta definición actividades como la ayuda que prestan en tareas domésticas o en algún comercio/negocio familiar.
La explotación laboral infantil se produce cuando el menor desarrolla un trabajo en condiciones abusivas, peligrosas y nocivas o que afectan al desarrollo físico, mental, social o espiritual de los niños y las niñas.
Es importante destacar que dentro de este concepto existen las denominadas como “peores formas de explotación infantil” donde se encuentran prácticas como el trabajo esclavo y forzoso, en conflictos armados, el trabajo en agricultura o fábricas que exigen un gran esfuerzo físico o en los que peligra su integridad física, entre otras.
En la intervención también se pusieron de manifiesto las consecuencias de la explotación laboral infantil tanto físicas y psíquicas, como sociales y morales, y también económicas no solo para el menor –ya que la pérdida de escolaridad conlleva en la vida adulta la obtención de salarios inferiores– sino también para el país.
Mercedes García de Vinuesa durante su intervención en el Senado.
Tras recordar la legislación internacional más destacada sobre la materia, García de Vinuesa aportó los datos más significativos sobre esta realidad en todo el mundo. Según la OIT 168 millones de niños y niñas trabajan. La mitad de ellos realizan trabajos peligrosos. La región donde hay un mayor número de menores trabajadores es la del Asia-Pacífico (casi 78 millones), sin embargo, porcentualmente esta lacra está especialmente patente en África Subsahariana, donde un 21% de los niños y niñas trabajan. Por sectores, casi seis de cada diez menores que trabajan lo hacen en la agricultura.
García de Vinuesa recordó que el Comercio Justo prohíbe la explotación laboral infantil, y además denuncia esta realidad. Asimismo explicó que “las organizaciones de Comercio Justo recomendamos que los niños y las niñas no participen en los procesos de producción, pero si la realidad obliga a ello, lo que impulsamos es el control de las organizaciones con las que trabajamos para garantizar que los niños y las niñas no trabajen demasiadas horas ni en condiciones peligrosas, y que durante las horas de trabajo tengan acceso a la educación, tiempo para jugar, comidas nutritivas, etc., sin perder de vista que estas situaciones deben ser temporales y que se deben respectar, en todo caso, las garantías de la legislación internacional referente a la infancia, así como la normativa sobre la protección de los derechos de los niños y las niñas de cada país”. Desde las organizaciones de Comercio Justo, conocedoras de la realidad en las comunidades productoras, se entiende que una prohibición rígida de cualquier trabajo infantil podría ser contraproducente y favorecer el trabajo clandestino.
Por último, en la intervención se mostraron varios ejemplos de organizaciones de Comercio Justo que dedican su prima social al desarrollo de proyectos educativos dirigidos a niños-as o jóvenes. Becas, material escolar, mejora de infraestructuras, construcción de escuelas o gestión de centros educativos son algunas de las iniciativas que llevan a cabo.
Tras la intervención, los senadores-as participantes en la Comisión se interesaron por determinados aspectos del Comercio Justo, especialmente relativos al etiquetado y las garantías. También mostraron su interés por la Compra Pública Ética, como herramienta de las administraciones públicas para introducir criterios sociales y medioambientales en sus contratos de suministros y compras.
En este enlace podéis ver un fragmento de la intervención.
