Ante el Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, que se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo planteó a los grupos políticos la inclusión de una disposición adicional referida al Comercio Justo.
Con esta iniciativa se busca definir y fomentar el Comercio Justo, una iniciativa global que forma parte de la Economía Social. A nivel estatal, si bien existen referencias y menciones expresas a este modelo comercial, no hay un desarrollo normativo del sector que proporcione seguridad jurídica.
La propuesta se enmarca en el reconocimiento y recomendaciones para la promoción del Comercio Justo ya descrito en la Unión Europea.
En otros países europeos, como Francia, este movimiento ya cuenta con un reconocimiento legal desde el año 2014 lo que ha facilitado el impulso del Comercio Justo Local, una mayor conciencia pública sobre esta práctica, aumentar el apoyo institucional y financiero para los productos y empresas comprometidas con este movimiento y ha contribuido a alinear las prácticas comerciales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la cooperación al desarrollo.
Con este precedente, la CECJ valora la próxima Ley de Economía Social como una oportunidad para impulsar el Comercio Justo en España, y apoyar así un modelo de producción y consumo sostenible que favorece a pequeños productores y productoras. Además, esto permitiría a nuestro país no solo cumplir con las recomendaciones comunitarias, sino también cubrir una laguna legal y evitar que el término de “Comercio Justo” pueda ser empleado de forma impropia o fraudulenta con el consiguiente perjuicio para consumidores y consumidoras.
