Más de 100 organizaciones de 13 países de Latinoamérica y el Caribe, entre las que se encuentran algunas de Comercio Justo como CLAC (Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños (as) Productores(as) y Trabajadores(as) de Comercio Justo), han enviado una carta a la presidencia española de la UE para que promueva durante su mandato la Directiva Europea que obligue a las empresas multinacionales que operan en el continente a responsabilizarse de potenciales malas prácticas que vulneren los derechos humanos y afecten al medioambiente.
La Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad, propuesta por la Comisión Europea en febrero de 2022, representa una oportunidad para proteger y prevenir los abusos a los derechos humanos y los daños medioambientales cometidos por las empresas. El Consejo de la Unión Europea se posicionó al respecto el pasado mes de diciembre y el Parlamento lo hizo en junio de este año. De este modo, las negociaciones del texto entrarán en su fase final durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea que ha comenzado el 1 de julio.
A través de la carta, remitida al Gobierno de España, al Ministerio de Asuntos Económicos y a las embajadas de España en diversos países latinoamericanos las organizaciones piden a la presidencia trabajar en busca de un acuerdo político para impulsar la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad durante su mandato.
Tomando en cuenta los lazos históricos y culturales que unen España y Latinoamérica-Caribe y considerando el peso y la importancia de las empresas españolas en la región, la carta incluye también una serie de recomendaciones por parte de la sociedad civil latinoamericana y caribeña. Entre ellas, que la futura legislación se aplique a la cadena global de valor en su totalidad para reducir el riesgo de desprotección, además de incluir el sector financiero en la lista de sectores de alto riesgo. Asimismo, piden considerar de manera específica los riesgos sobre los derechos de los pueblos indígenas y originarios, respetando el derecho al territorio de los pueblos y el consentimiento libre, previo e informado.
Dado los riesgos que asumen activistas de derechos humanos y medioambientales y el importante rol que tienen las personas defensoras para la protección de los derechos humanos y del medioambiente, es, igualmente, esencial que la Directiva asegure su protección frente a las represalias a las que se ven sometidas, recogiendo esta protección de manera explícita en la legislación.
