Organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables, de la que forma parte la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y que representa a más de 100 organizaciones de sociedad civil y sindicatos, han exigido esta mañana al Gobierno cumplir con su compromiso de aprobar la ley de Protección de los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y de la Diligencia Debida en las Actividades Empresariales Transnacionales, antes del fin de esta legislatura.
Pese a existir un anteproyecto de ley redactado desde mayo de 2022, no se ha avanzado en los trámites. Tal situación pone en riesgo real la aprobación de la ley.
Alberto Abad (presidente CECJ), junto a otros representantes de la Plataforma por Empresas Responsables hoy en La Moncloa
Las organizaciones, preocupadas ante la inacción se han concentrado ante el Palacio de la Moncloa donde han entregado una carta dirigida al Gobierno y a los ministerios proponente y coproponentes de la ley, exigiendo que se aceleren los trámites para aprobar la ley y cumplir así con los compromisos asumidos. Además, han desplegado una pancarta con el lema “Derechos para las personas, reglas para las empresas. Por una ley YA”, en señal de descontento.
Pancarta desplegada hoy 18 de noviembre frente a La Moncloa, por representantes de la Plataforma por Empresas responsables
Es urgente que España apruebe esta ley para exigir que las empresas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y medio ambiente en cualquier lugar del mundo.
La ley también es crucial para garantizar la reparación a las víctimas de sus abusos o negligencias. Cientos de miles de personas están sufriendo las consecuencias de actuaciones empresariales que violan derechos humanos y que suponen graves problemas medioambientales en todo el mundo. Esas personas no pueden esperar más. Seguir demorando el proceso de tramitación de la ley perpetúa una situación extrema, sin consecuencias para las empresas ni reparación para las víctimas.
En el acto han participado Alberto Abad presidente de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Ricardo Loy, secretario general de Manos Unidas, Franc Cortada, director de Oxfam Intermón, Cristina Muñoz, directora de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Rebeca Collado, vocal junta directiva de REDES, Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, Eva Saldaña directora ejecutiva de Greenpeace, Sara García, secretaria de acción sindical y empleo de USO, José Díaz de Argote, empresas y RSC de Entreculturas, Gerardo Ríos, empresas y derechos humanos Amnistía Internacional y Martín Iriberri director de Alboan. Han leído un comunicado y hecho entrega de una carta dirigida al Gobierno y a los ministerios proponente y coproponentes de la ley, exigiendo que se agilicen los trámites para aprobar la ley y cumplir así con los compromisos asumidos.
Con la aprobación de esta ley España tiene la oportunidad única de liderar junto a los países europeos que ya cuentan con legislación como Francia, Alemania y Noruega, el proceso de negociación del borrador de directiva de Debida Diligencia de las Empresas en Materia de Sostenibilidad, presentado por la Comisión Europea en febrero de este año y ser un referente de cara a la Presidencia Española de la Unión Europea que asume en junio de 2023.
En estas últimas semanas, activistas representantes de la Plataforma por Empresas Responsables, han realizado actos simbólicos en las subdelegaciones de gobierno en varias ciudades españolas para mostrar el descontento de la sociedad civil ante la demora injustificada del Gobierno en la tramitación de una ley necesaria que responsabiliza a las empresas que abusan de los impactos sobre las personas y el planeta.
¿Por qué es necesario aprobar una ley que proteja a las personas y el planeta frente a las empresas que abusan?
Las acciones de las empresas en cualquier lugar del planeta tienen un importante impacto en los derechos de las personas y el medioambiente.
La creciente globalización de las cadenas de valor hace urgente y necesario establecer normas claras para que las empresas asuman sus responsabilidades en la prevención, mitigación o reparación de cualquier vulneración de los derechos humanos o medioambientales. Sin embargo, no existe en España una ley al respecto, quedando a la voluntariedad de las empresas.
Tragedias como el derrumbamiento del edificio Rana Plaza (Bangladés) y otras producidas en talleres textiles que trabajan para empresas españolas multinacionales muestran las condiciones laborales indignas y que ponen en riesgo la integridad de los trabajadores y trabajadoras. Empresas como Prosegur, denunciada por intimidación, coacción y discriminación a líderes sindicales, y vulneraciones de derechos laborales y sindicales como el derecho de huelga y a la negociación colectiva en países como Brasil, Colombia, Perú y Paraguay; o CAF, cuya construcción del tren ligero en territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel contribuye a violaciones de derechos humanos de la población palestina; o el proyecto de la hidroeléctrica de ACS en Guatemala, que afecta a una población de 29.000 indígenas quekchí, todos ellos denunciados ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE, son algunos de los ejemplos documentados de cómo la falta de una ley de debida diligencia, que obligue a las empresas a prevenir, identificar, mitigar y rendir cuentas de su impacto, puede tener graves consecuencias sobre la población y el medio ambiente en algunos países.
