El miércoles 22 de junio, 350 científicas y científicos españoles presentaron un manifiesto en el que alertan de que la destrucción de ecosistemas por la agroindustria es una grave amenaza para la biodiversidad y el clima.
El manifiesto fue presentado en un seminario online -en el que participó Alberto Abad, presidente de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, y representantes de otras organizaciones ecologistas y de consumidores- sobre el proyecto de Reglamento que se está debatiendo en la UE para frenar la deforestación importada, es decir, la deforestación en terceros países asociada a productos que consumimos en Europa.
Mientras los ministerios de Medio Ambiente y el Parlamento Europeo debaten la propuesta legislativa presentada el pasado mes de noviembre por la Comisión Europea para frenar la deforestación asociada a la importación de determinadas materias primas y productos, la comunidad científica se moviliza para expresar la necesidad de frenar la desaparición de los bosques.
Durante el período 1990-2008, la UE-27 fue responsable, a través de sus importaciones, de en torno al 36 % de toda la deforestación incorporada en productos agrícolas y ganaderos comercializados internacionalmente. España destaca como uno de los países con mayor responsabilidad en esta tendencia destructiva, al ser el tercer mayor importador de deforestación durante el periodo 2005-2017.
En el manifiesto presentado hoy, la comunidad científica reclama entre otras peticiones:
- Inclusión en la futura ley europea de, además de los bosques, ecosistemas con un gran valor ecológico como pastizales, sabanas, turberas o humedales, que pueden actuar como sumideros de carbono.
- Aplicación de la futura legislación a una lista completa de productos asociados a riesgo de deforestación y degradación forestal. Esto debería incluir (además de los ya previstos, como soja, aceite de palma, madera, cacao, café y carne de vacuno) a toda la ganadería (no solo vacuno), el caucho y el maíz.
- Exigencia de la trazabilidad hasta el lugar de producción de las materias primas.
- Garantía de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, en particular los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Esto implica que se respeten los derechos consuetudinarios de tenencia y el derecho al consentimiento libre, previo e informado.
- Cobertura mínima y suficiente de operadores y del volumen de mercancías, armonizado para toda la UE, para evitar distorsiones del mercado.
La publicación de este manifiesto tiene lugar pocos días antes de que se celebre, el 28 de junio, el Consejo en que los Ministros europeos de Medio Ambiente votarán el texto negociado durante meses bajo la Presidencia francesa. En su documento, científicas y científicos españoles denuncian cuestiones de vital importancia para que la norma que ahora se negocia cumpla con los objetivos propuestos.
De todos estos objetivos han hablado también las personas participantes en el seminario online, al tiempo que han señalado el Reglamento como oportunidad para combatir la deforestación.
Ana Echenique, representante de CECU, ha recordado que “los consumidores europeos ya apoyaron, en la consulta realizada hace dos años, una ley exigente que evite que la deforestación acabe en sus platos”.
Alberto Abad, en nombre de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, ha expresado: “Lo que demandamos es un aspecto tan fundamental como garantizar que en los productos que consumimos de forma cotidiana se han respetado los derechos humanos”.
“El tramité del Reglamento debe ir unido a una reflexión profunda sobre las causas de la deforestación como las políticas neoliberales de la Organización Mundial de Comercio y una PAC que han impulsado un modelo agrícola y ganadero dependiente de la importación de soja y que han expulsado a miles de pequeñas y medianas producciones”, ha señalado Andoni García, de la Ejecutiva de la COAG.
Estas peticiones no solo llegan desde las organizaciones ecologistas, agrarias y de consumidores y comercio justo, diferentes empresas del sector han subrayado la necesidad de apostar por un reglamento más ambicioso que incluya a otros ecosistemas claves en la captura de CO2 más allá de los bosques. A su vez recalcan que están preparadas para su aplicación y que llevan años trabajando en la Diligencia Debida para cumplir con el Reglamento Europeo de la Madera (EUTR), aunque su aplicación ha sido muy desigual.
En opinión de las organizaciones convocantes, según ha subrayado Isabel Fernández, de Ecologistas en Acción, este sería el único modo de extender la protección a sabanas como el Cerrado, de donde provienen el 65 % de las importaciones europeas de soja y de carne de vacuno.
En la clausura del webinar, Miguel Díaz, portavoz de Amigos de la Tierra, ha interpelado al Gobierno español para que presione un acuerdo “a la altura de las circunstancias“, a la vez que ha animado a la sociedad civil a continuar su trabajo, “porque una ciudadanía movilizada, crítica y transformadora es más importante que nunca”.
La deforestación sigue desbocada
Entre 2004 y 2017 se perdieron más de 43 millones de hectáreas de ecosistemas forestales en los trópicos y subtrópicos, en regiones de América Latina, África subsahariana y Sudeste asiático.
En un contexto de múltiples crisis ambientales y climáticas —cuando la profunda pérdida de biodiversidad a escala planetaria ha generado constantes brotes de enfermedades zoonóticas y la deforestación ha provocado escasez hídrica, contribuyendo al aumento de eventos climáticos extremos—, la devastación de los bosques es una cuestión ambiental de gravedad para todo el planeta.
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