Ante la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social (20 febrero), las organizaciones de Comercio Justo alertamos de la gravedad del aumento de la pobreza y las desigualdades globales ante la crisis provocada por la COVID-19. Esto, a su vez, está aumentando el riesgo de explotación laboral, trabajo forzoso, explotación laboral infantil y deforestación.
En un reciente informe publicado en diciembre de 2020, el PNUD advierte de que la COVID-19 llevará a 207 millones de personas más a la pobreza extrema en 2030 y aumentará el número de mujeres pobres en otros 102 millones. Según este organismo, la crisis económica provocada por la COVID-19 persistirá durante 10 años debido a la pérdida de la productividad y evitando una recuperación completa de la línea de desarrollo vista antes de la pandemia.
Asimismo, la OIT en su informe anual publicado a finales de 2020 advertía de que la crisis de la COVID ha provocado que los trabajadores/as hayan perdido 3,7 billones de dólares en salarios desde el inicio de la pandemia. Y que en el futuro próximo “afectará de manera desproporcionada a mujeres y personas con empleos peor pagados”.
Sin embargo, el mismo informe del PNUD también concluye que una serie de inversiones en los Objetivos de Desarrollo Sostenible durante la próxima década, no solo evitaría el aumento de la pobreza extrema sino que, incluso superaría los avances en materia de desarrollo anteriores a la pandemia. En particular, el PNUD señala la necesidad de invertir en programas de protección social y bienestar, mejora de la gobernanza y apostar por la economía verde.
Y también destaca la importancia de estimular cambios en los patrones de producción y consumo de alimentos, energía y agua.
Foto: IDEAS
En esta línea, organizaciones de Comercio Justo de todo el mundo venimos demandando que la reconstrucción post-COVID se base en una transformación de la economía y el sistema comercial global a través de políticas justas y sostenibles.
Las organizaciones de Comercio Justo alertamos de la necesidad de modificar determinadas prácticas comerciales como la mejora de la gobernanza de las cadenas de fabricación y suministro mundiales en favor de los intereses y necesidades esenciales de las pequeñas entidades de producción, y que también permitan al público consumidor hacer elecciones sostenibles.
También demandamos una democracia económica y un trato justo y respetuoso en las cadenas de suministro que evite los desequilibrios de poder y los abusos corporativos que, a menudo, violan los derechos humanos esenciales.
Demandamos también otro modelo de agricultura y comercio más respetuoso con el medio ambiente y que reduzca la emisión de gases de efecto invernadero y promueva la justicia climática. En definitiva, insistimos en la necesidad de aplicar políticas comerciales basadas en los valores y principios del Comercio Justo y la economía Solidaria.
Las organizaciones de Comercio Justo creemos que, ante el punto de inflexión que ha supuesto la COVID-19, es necesario cambiar de rumbo para no volver a caer en los mismos errores.
