Entre el 26 y el 30 de octubre, se celebró en la sede de Naciones Unidas en Ginebra la sexta ronda de negociaciones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (OEIGWG) sobre un tratado sobre «empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos».
Desde 2015, año en que comenzó el proceso, la presencia de representantes de las comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y las organizaciones sociales va creciendo y hace que sea uno de los movimientos más apoyados en la historia del OEIGWG. Este año, sin embargo, debido a las restricciones de COVID19, la presencia física en Ginebra fue limitada.
La Campaña Global para reclamar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder corporativo y detener la impunidad (Campaña Mundial) contribuyó, como en otras ocasiones, con propuestas sustanciales y concretas al texto negociado, tanto desde Ginebra como a través de las herramientas en línea de la ONU.
A principios de septiembre, la Campaña Mundial advirtió de que la pandemia del coronavirus no propiciaba las condiciones adecuadas para una sesión de negociación que asegurara la inclusión y el carácter participativo de la misma. Aunque la participación a distancia fue posible gracias a varias plataformas en línea de la ONU, los repetidos problemas técnicos dificultaron las intervenciones en las negociaciones. La declaración de la Campaña Mundial en el último día de las negociaciones confirmó que su «evaluación original era correcta, ya que las dificultades que hemos encontrado en esta sexta sesión resultó un proceso poco adecuado. Recordamos que este proceso debe ser una negociación intergubernamental, con amplio espacio para la sociedad civil participación de acuerdo con las normas del ECOSOC».
Varios estados mostraron una vez más su compromiso con el proceso y apoyaron un ambicioso Tratado Vinculante que respeta la resolución 26/9 y el enfoque en la regulación, como es el caso de Sudáfrica, Cuba, Egipto, Azerbaiyán y Namibia. Esto contrasta con los países cuyas economías dependen en gran medida de las empresas transnacionales con operaciones en el extranjero que siempre se han opuesto a este proceso de la ONU, como los Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia, así como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y la International Organisation of Employers- ambos con estatus consultivo en la ONU.
Como en anteriores rondas de negociación, la Unión Europea – cuyos estados miembro votaron en bloque contra la resolución 26/9 – no contribuyó a las negociaciones del texto. De hecho, la presencia de la UE se limitó a hacer preguntas aclaratorias. Todo ello a pesar de la petición firmada por 847.000 ciudadanos/as europeos pidiendo la participación de la UE en las negociaciones. Además, los alcaldes de ciudades europeas como Barcelona, Marsella y Estrasburgo pidieron la semana pasada a las autoridades locales de todo el mundo que apoyaran el Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales y los Derechos Humanos.
Declaraciones y valoraciones
Lilian Galan, miembro del Parlamento de Uruguay y parte de la Comisión Interparlamentaria Mundial de la red de apoyo al Tratado Vinculante de las Naciones Unidas dijo:
«Quisiéramos destacar una vez más -como lo ha hecho la mayoría de los Estados- la urgente necesidad de respetar el mandato de la OEIGWG establecido en la resolución 26/9. El propósito del mandato es regular las actividades de las empresas transnacionales con respecto a la legislación sobre derechos humanos. Esto es explícito y todas las partes deben tenerlo en cuenta».
Erika Mendes, de Justicia Ambiental de Mozambique declaró:
«La audiencia del pasado miércoles en Francia contra el gigante petrolero Total ha demostrado lo importante que es mejorar el acceso a la justicia de las comunidades afectadas, otorgando jurisdicción a los tribunales en los países de origen de las empresas transnacionales. Sin embargo, la recopilación de pruebas en Uganda ha sido una batalla ardua, ya que los líderes y organizaciones de la comunidad se enfrentan a continuas amenazas y acoso. El tratado vinculante debe ir más allá, garantizando el derecho de las comunidades al Consentimiento Libre, Previo e Informado, y asegurar una mejor protección de los derechos humanos
Josua Mata, del Grupo de Tareas de Asia sobre el Instrumento jurídicamente vinculante (ATF):
«Escuchamos repetidamente que la elaboración de un instrumento legalmente vinculante llevará años. Algunos dicen que diez años. Nos gustaría recordar a quienes negocian en nuestro nombre que cuanto más tiempo se demoren, nuestra gente, nuestra tierra y nuestro planeta sufrirán más los estragos de la falta de escrúpulos de las empresas transnacionales».
En una declaración final resumida, pronunciada el último día de las negociaciones, la Campaña Mundial anunciaba:
«En el contexto de las grandes dificultades y desafíos, la Campaña Mundial reafirma su fe en este proceso. A pesar de todos los desafíos que enfrentamos, hemos demostrado – a través de nuestro compromiso y participación numerosa – que seguimos plenamente convencidos de que este instrumento jurídicamente vinculante es necesario para hacer justicia a las personas afectadas y poner fin a la impunidad de las corporaciones. El proceso se encuentra en una etapa crítica, con muchas amenazas que se avecinan en el horizonte. Por lo tanto, ofrecemos nuestras propuestas y opiniones para restaurar la vitalidad de este proceso histórico y renovar el compromiso de las delegaciones y de la sociedad civil para lograr un tratado para abordar el fin de la impunidad corporativa».
