La Coordinadora Estatal de Comercio Justo se suma a la Campaña «No a los Tratados de Comercio e Inversión», una campaña presente en más de 2.000 ciudades y pueblos de Europa, formada por organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales y entidades de diverso tipo, así como personas a título individual. Cubrimos un amplio espectro de grupos de interés —feminismo, agricultura, pymes, ecología, cultura, pequeño comercio, derecho, desarrollo, consumo, transporte y otros— que compartimos una profunda preocupación por las múltiples amenazas que plantean los tratados de comercio e inversión (TCI).
Hasta ahora el objetivo de nuestro trabajo había sido detener las negociaciones del tratado transatlántico (TTIP) y el acuerdo con Canadá (CETA). A raíz de las múltiples protestas, y gracias a la oposición de la sociedad civil, hemos conseguido éxitos importantes: el TTIP sigue paralizado, el acuerdo con Canadá (CETA) aún tiene que ser ratificado por muchos parlamentos nacionales, y los tribunales privados para las grandes corporaciones (ISDS) han sido puestos en evidencia como antidemocráticos y han sufrido un desprestigio político y jurídico en la Unión Europea (UE).
A pesar de estos logros, la UE continúa trabajando para imponer una agenda comercial neoliberal a través de nuevos acuerdos, como el de servicios (TISA). Pretende finalizar las negociaciones comerciales con México y el bloque de Mercosur, obtener la aprobación del Parlamento Europeo para los acuerdos con Singapur, Vietnam y Japón, y preparar una relación comercial posterior al Brexit con el Reino Unido. Rechazamos las negociaciones de estos tratados, llevadas a cabo con gran opacidad, y exigimos un debate político transparente y democrático.
Además, la UE también propone crear un Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC) específico para dirimir las disputas entre inversores y Estados, creando de este modo una justicia paralela al margen de los tribunales ordinarios, lo que reforzaría la expansión de una arquitectura jurídica de la impunidad corporativa.
Reclamamos una política económica y comercial que sirva para el interés público y actúe en favor de un futuro común. No podemos tolerar tratados de comercio e inversión que afectan negativamente a nuestras vidas, especialmente las más vulnerables, y que están diseñados exclusivamente para defender y perpetuar un sistema económico en profunda crisis, tanto social como económica y medioambiental.
Creemos cada vez más importante informar al público, trabajar en la incidencia política, extender el mensaje a un amplio número de sectores afectados y continuar con el activismo y la movilización social, con el fin de ejercer un permanente control ciudadano ante la imposición del poder de las transnacionales.
Otro comercio es necesario
Es hora de actuar de manera diferente para garantizar un futuro digno para todas.
Defendemos la construcción de unas relaciones y políticas comerciales entre nuestros
pueblos que pongan en primer lugar a las personas y al planeta, garantizando los derechos humanos y la protección medioambiental. Rechazamos la estrategia de competencia salvaje y desigual que propugnan los gobiernos neoliberales en Europa, y nos diferenciamos de la extrema derecha, ya que nuestra propuesta es la cooperación e integración de los pueblos.
Por eso decimos que otro comercio es necesario:
Un comercio que reduzca los impactos de la globalización, que promueva la lucha contra la pobreza, la reducción drástica de las desigualdades y la lucha contra el cambio climático, tomando medidas radicales para reducir la huella y deuda ecológica de la UE.
Un comercio al servicio de las mayorías sociales y no de las empresas multinacionales. Los tratados de nueva generación buscan limitar o eliminar las regulaciones en salud, medioambiente, derechos laborales o cualquier otro ámbito que suponga un obstáculo para el comercio.
Un comercio basado en la cooperación de los pueblos, que respete los derechos de las personas migrantes y refugiadas, que establezca nuevas relaciones de solidaridad y equidad entre hombres y mujeres y con las personas de otras regiones.
Un comercio que esté dentro de los límites del planeta y, por lo tanto, no esté basado en combustibles fósiles y sea, inevitablemente, más lento, cercano y desplace menos volúmenes de mercancías.
Un comercio que fomente una economía dirigida a generar recursos para la vida, reconozca el trabajo reproductivo y de los cuidados y donde las mujeres tengan protagonismo.
Un comercio que proteja los derechos laborales y permita a los trabajadores y las trabajadoras obtener una renta adecuada para vivir con dignidad.
Un comercio que proteja la educación, la salud, el agua, el conocimiento, la cultura como recursos no sujetos a la apropiación privada. No deben ser bienes que sólo unos pocos se puedan permitir. Por lo tanto, no tienen cabida en las negociaciones de los tratados comerciales.
Un comercio que incentive la economía local y la economía social y solidaria, y no coloque a las pequeñas y medianas empresas en desventaja comparativa con las grandes corporaciones transnacionales. Hay que recordar que en el Estado español del total de empresas, un 99% son pymes y generan el 73% del empleo, muy por encima de otros países del la UE, lo cual las hace especialmente sensibles a la entrada de competidores de mayor tamaño.
Un comercio que proteja el futuro de la agricultura campesina en el norte y el sur global, que defienda la soberanía alimentaria, la justicia climática y dignifique el trabajo de los/as agricultores. La alimentación de calidad tiene que estar al alcance de todas y no de quienes se lo puedan permitir.
Un comercio que defienda una fiscalidad justa y elimine los mal llamados paraísos fiscales y las lagunas legales que actualmente permiten la evasión y la elusión fiscal por parte de las grandes empresas.
Qué exigimos
Democratizar la política comercial de la UE, implicando adecuadamente al Parlamento Europeo, a los Parlamentos de los Estados miembros y a la sociedad civil, llevando a cabo un amplio debate público garantizado por un proceso transparente.
Información accesible y evaluación de los impactos sociales, ambientales y laborales de este tipo de tratados.
Soberanía popular y de las instituciones públicas para legislar y regular la defensa y mejora del interés público y el bien común, sin la imposición de los órganos de cooperación reguladora que buscan eliminar o reducir las reglas que suponen un “obstáculo” para el comercio.
Servicios públicos de calidad y accesibles para todas las personas frente a la liberalización y la privatización que los tratados de comercio e inversión convierten en irreversibles.
Políticas que hagan que el grueso del comercio sea local y de proximidad, y que promuevan una economía social y solidaria que anteponga los valores ambientales y sociales y del trabajo digno.
Detener la expansión y terminar con los mecanismos de resolución de conflictos inversor-Estado, sean los ISDS, el ICS, o el Tribunal Multilateral de Inversiones.
Medidas que obliguen a las empresas transnacionales a cumplir los derechos humanos en forma de leyes y regulaciones de ámbito estatal, regional y local, así como instrumentos jurídicos internacionales —como el tratado vinculante de Naciones Unidas— que permitan demandar a dichas empresas en casos de vulneración de estos derechos.
Por todo ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía y sus organizaciones sociales, colegios profesionales, partidos políticos, alcaldes y alcaldesas, representantes electos, pymes, entidades de la economía social y solidaria, feministas, ecologistas, sindicatos y medios de comunicación a sumarse a esta campaña.
Tenemos que exigir un cambio de orientación en las políticas comerciales, fiscales y distributivas de la Unión Europea para poner en el centro de las mismas la preservación del medioambiente y los derechos humanos y de las comunidades, como condición fundamental para garantizar la paz y una mayor justicia global.
Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión (TCI)
06 de junio de 2018
