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La Coordinadora Estatal de Comercio (CECJ) Justo ha propuesto a todos los grupos parlamentarios, a través del documento de enmiendas elaborado y presentado por la Red de Redes de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS), que la nueva Ley de Contratos que se tramita en las Cortes Generales permita considerar criterios sociales para garantizar que los productos adquiridos por el sector público hayan sido elaborados en condiciones laborales dignas por parte de los productores y trabajadores de países empobrecidos.

En el plano general, la CECJ ha propuesto que la Ley refleje en su exposición de motivos que, además de sus fines propios, la contratación administrativa se utilice como una herramienta para contribuir a los objetivos sociales del sector público, en especial contribuyendo a mejorar el impacto de las políticas de cooperación internacional para el desarrollo a través del respeto hacia los Derechos Humanos en la cadena de producción, en especial los derechos laborales básicos que satisfagan las necesidades de las personas trabajadoras y los pequeños productores de países en vías de desarrollo.

En lo concreto ha pedido que se incluya como criterio de solvencia de las empresas que contraten con el sector público y suministren productos fabricados en países externos a la Unión Europea (UE) a que indiquen los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que garanticen el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.

Por otra parte ha pedido que se permita valorar o exigir a los contratistas que respeten los principios de Comercio Justo en la cadena comercial, tanto en los criterios de adjudicación de las ofertas como en los de ejecución del contrato, en especial aquellos que busquen favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables, tales como el pago de un precio mínimo y una prima a los productores, o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial.

Desde las entidades que integran la CECJ estamos convencidas de que transversalizar las políticas sociales, en especial las de cooperación internacional al desarrollo, supone una oportunidad para mejorar el impacto de las mismas y dar más coherencia a la política pública, algo que sin duda es valorado por la ciudadanía e incrementa la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.