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La Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) valora de manera positiva la aprobación el pasado miércoles 15 de enero de la nueva directiva europea sobre contratación pública. La norma establece que las administraciones públicas puedan priorizar los aspectos sociales y medioambientales en las licitaciones. Para las entidades de Comercio Justo, esta nueva legislación supone un avance de cara a que las instituciones públicas en sus decisiones comerciales tengan en cuenta criterios de justicia y sostenibilidad, y no solo el precio más competitivo.

El propósito de la nueva directiva, aprobada por una amplia mayoría en el Parlamento Europeo, es ofrecer un mayor margen a las autoridades públicas a la hora de establecer los criterios para adjudicar obras, bienes o servicios, que les permita dar prioridad a los estándares de calidad o introducir consideraciones medioambientales o sociales en las licitaciones. Así, la nueva norma se basa en los mismos principios en los que se basó la sentencia “Nord-Hollanddictada en 2012 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (caso C368/10) y en la que, por primera vez, se especificó que los contratos públicos podían valorar positivamente los productos de “origen comercial más justo“.

Desde la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, la nueva directiva supone una buena noticia ya que favorece que las relaciones comerciales que se establezcan con el sector público se basen en criterios sociales y de protección del medio ambiente, y no solo en los económicos. En este sentido, las organizaciones del sector consideran que se trata de un paso adelante a favor de un modelo de desarrollo más humano y sostenible. Asimismo, valoran que la norma recién aprobada respalda la demanda que las entidades de Comercio Justo mantienen desde hace años para que las administraciones públicas incorporen en su gestión los principios del consumo responsable y ético, que una parte de la ciudadanía ya ha hecho suyos.

Por otro lado, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo espera que la directiva sea aplicada lo antes posible en España y fomente la compra pública ética desde las administraciones de nuestro país. A partir de la entrada en vigor de la directiva, en marzo de 2014, los estados miembro tendrán un plazo de dos años para implementarla.

En España, según el último informe elaborado por CECJ, las administraciones públicas son responsables únicamente del 0’7% de la facturación total de productos de Comercio Justo.